Itongadol/AJN.- “Se van a cumplir diez años desde que generamos la demanda civil que originó el fallo de la Corte que, en 2008, condenó a los Estados nacional, de la Provincia de Buenos Aires y porteño y a los catorce municipios que están a lo largo de la Cuenca Matanza-Riachuelo a implementar un plan de saneamiento y les impuso multas en caso de incumplimiento, y lo que a priori aparecía como un logro de la Justicia argentina termina siendo un gran fracaso”, por el cual “estamos analizando una presentación ante la CIDH”, anticipó Santiago Kaplun (foto), coautor de la presentación judicial, en diálogo con la Agencia Judía de Noticias (AJN) en referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
“¿En qué se diferencia la ejecución del saneamiento con (la promesa de solución en) mil días de María Julia (Alsogaray, secretaria de Medio Ambiente del menemismo)?”, se preguntó.
Por otra parte, “para nada me sorprende” que las prestigiosas organizaciones ambientalistas Green Cross International y Blacksmith Institute hayan considerado a la Cuenca Matanza-Riachuelo como una de las diez “amenazas tóxicas” más importantes del mundo, “pero para nosotros es lo más contaminado del planeta porque es nuestra casa”, subrayó el letrado experto en derecho ambiental, para quien “es catastrófico que se lo pueda equiparar con desastres como la explosión (en la central nuclear) de Chernóbil”, Ucrania, el 26 de abril de 1986, uno de los mayores de la historia.
La causa judicial se generó porque “veníamos con una trayectoria en temas ambientales y en 2004 hicimos un planteo que iniciamos con competencia originaria de la Corte por la multiplicidad de demandados que había”, y dos años después esta “los intimó a presentar un plan de saneamiento, trató de resolver todas las dificultades presupuestarias y jurisdiccionales con la creación de la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) y los obligó a comprometer el dinero, que habían calculado en unos 15 mil millones de pesos; esto se terminó de consumar en 2008 y a fin de año empezó a ejecutarse el plan de saneamiento, con la vigilancia del comité de las ONG que se habían presentado como ‘amicus curiae’”, recordó.
“Hoy está en ejecución con idas y venidas, incumplimientos, irregularidades y dificultades presupuestarias desde la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y a mi criterio, la Corte tendría que sancionar a los funcionarios que incumplan la sentencia”, reclamó Kaplun.
“El proceso iba a tener una primera etapa de cinco años, una segunda a los diez y otra a los quince, con una gigantesca cantidad de obras de infraestructura a realizar”, pero en el lustro inicial “claramente ni se hizo el 20 por ciento de lo que se propuso, ni creo que se cumplan (los objetivos) de la década”, advirtió.
“La Corte había ordenado el control de la ejecución al Juzgado Federal de Quilmes, de (Luis) Armella, pero periodísticamente me enteré de que fue relevado de esa función por una investigación respecto de adjudicaciones de las obras”, agregó el abogado ambientalista.
“La Corte debería reasumir un rol protagónico porque hay cuestiones que están en el aire: increíblemente todavía está pendiente la resolución respecto de la participación de 47 empresas en la contaminación de la cuenca, que están en una nebulosa procesal, y lo venimos reclamando hace tres años”, se quejó.
“Esta inusitada demora trae una increíble inseguridad jurídica para nosotros y para las empresas demandadas en una de las principales causas del país”, agregó Kaplun.
“La Corte es como si tuviese impunidad procesal porque es el órgano jurisdiccional más importante del país y entonces, ¿a quién le voy a reclamar?”, se lamentó antes de volver a referirse a una eventual presentación internacional, de la cual antes “no había habido necesidad, ya que hasta 2008 el comportamiento de la Corte fue novedoso, prometedor y ejemplar: tomó la causa como un ‘caso líder’ para la Justicia argentina porque era un reclamo genuino de la ciudadanía”.
Entre los motivos expuestos por las entidades ambientalistas respecto de la toxicidad de la Cuenca Matanza-Riachuelo figuran “niveles de químicos muy por encima de lo recomendado”, “gente que reside en territorios no aptos para la vida humana” y “pocas opciones de acceso al agua potable” para las personas de bajos recursos que viven en los alrededores.
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