Con la convicción de que el Estado armó la causa AMIA para encontrar culpables a cualquier precio de la explosión que mató a 85 personas y demolió la mutual judía, la Justicia, en un fallo histórico, absolvió a los cinco acusados que fueron juzgados durante dos años y diez meses como partícipes del atentado terrorista.
Además, el Tribunal Oral Federal N° 3 denunció por diversos delitos a funcionarios del gobierno de Carlos Menem –entre ellos, el ex ministro del Interior Carlos Corach y el jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy–, al ex vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez y al juez federal Juan José Galeano, que investigó el caso junto con los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia. Están acusados de haber contribuido a la construcción de la causa «para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos».
Familiares de las víctimas repudiaron el fallo y dijeron que recurrirán ante tribunales internacionales.
Pese a la absolución, el mecánico Carlos Telleldín y Juan José Ribelli permanecerán detenidos hasta que, en los próximos días, sean excarcelados en otras causas que se les siguen por delitos comunes. Los ex uniformados Mario Bareiro y Anastasio Leal salieron caminando de los tribunales, con promesas de que no descansarán hasta ver preso al juez Galeano.
La fiscalía había pedido que todos ellos fueran condenados a reclusión perpetua. Raúl Ibarra, acusado también por extorsiones, fue excarcelado anoche. Otros 17 acusados de delitos menores también fueron absueltos.
Ribelli dijo anoche por radio que fue «víctima de una conspiración del Estado» y que Menem «deberá dar explicaciones ante la Justicia por las anomalías en la investigación».
La sentencia, leída durante media hora por el presidente del Tribunal Oral Federal N° 3 Miguel Pons, generó insultos de familiares de las víctimas enrolados en Memoria Activa a las autoridades de la AMIA, de la DAIA y a representantes de Israel, que estaban en la sala de audiencias situada en el subsuelo de los Tribunales Federales de Retiro.
Los jueces Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo concluyeron en forma unánime que está probado que la AMIA fue demolida por la explosión de una bomba colocada dentro de una camioneta Trafic vendida por Carlos Telleldín y cargada con entre 300 y 400 kilos de explosivos. Pero dijeron que el mecánico entregó el vehículo a alguien desconocido, sin que se hallaran evidencias de que supiera para qué iba a ser usada.
Si bien no leyeron los fundamentos del fallo, escritos en más de cinco cuerpos de expediente que serán difundidos el 29 de octubre, los jueces distribuyeron una síntesis de las razones en las que basaron su decisión.
Desde lo formal, absolvieron a los acusados porque declararon nula una parte de la causa por la manera irregular en que comenzó a ser investigada. Con eso alcanzaba, pero en defensa del derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad, en los fundamentos del fallo replicaron cada uno los indicios contra los acusados y concluyeron que no bastaban las pruebas para condenarlos.
Los jueces llegaron a la convicción de que todas las acusaciones contra Ribelli y los ex policías fueron «armadas» por el Estado para inculparlos y cerrar la causa con un culpable. Pero fueron más allá. Señalaron que en esta actividad, el juez Galeano contó con el soporte político del Poder Ejecutivo, a cargo de Menem y el Poder Legislativo, encarnado en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.
Por eso los jueces del tribunal presentaron denuncias contra Corach y Anzorreguy, a quien se los pidió investigar por el pago de 400.000 dólares que recibió Telleldín antes de declarar contra los ex policías bonaerenses.
También denunciaron a los ex legisladores Carlos Soria, ex titular de la SIDE; Raúl Galván, Carlos «Chacho» Alvarez, José Antonio Romero Feris, Federico Storani, César Arias y Melchor Cruchaga, que integraron la comisión. Quedó exceptuada la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que no adhirió a los dictámenes de la mayoría de la comisión y cuestionó la investigación.
Los denunciados se reunieron en secreto para ver el video en el que Telleldín y Galeano hablaban de la entrega de dinero y de los policías imputados, «una inaceptable negociación» que omitieron cuestionar.
Gabriel Cavallo, hoy camarista federal, y su colega Norberto Oyarbide, también fueron denunciados por el tribunal, pues investigaron a Galeano y las derivaciones del video sin encontrar responsables.
Los jueces entendieron que la construcción del caso se gestó cuando Galeano se apartó de la búsqueda de la verdad para violar la ley y dijeron que el cobro de 400.000 dólares por parte de Telleldín fue «la culminación de una actividad irregular del Estado dirigida a obtener un responsable, más allá de lo que realmente aconteció».
Por eso denunciaron a Galeano y a los fiscales Mullen y Barbaccia por una lista de 11 supuestos delitos cometidos durante la tramitación de la causa.
«Se pudo establecer, a raíz de las numerosas irregularidades comprobadas, que el señor juez instructor orientó su actuación a construir una hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos» dijo el tribunal, que entendió que los fiscales tuvieron una actitud «al menos complaciente».
Tras la sentencia, los abogados querellantes estaban estupefactos. Marta Nercellas, por la DAIA, que fue denunciada por el tribunal ante el Colegio de Abogados, dijo que apelará la sentencia y que no estaba preparada para que declaran nula parte de la causa. «¿Si esto es así, por qué el tribunal no ordenó antes la libertad de los policías?, se preguntó.
Jorge Kirszembaum, a cargo de la presidencia de la DAIA, dijo: «Fue el peor fallo que podíamos esperar. Casi no deja lugar a la apelación».
Carlos Avila, de la AMIA, dijo que el veredicto es «absurdo» y que a pesar del dolor que le produce entiende que «se probaron en el juicio los delitos por los que fueron absueltos».
Del otro lado todo era festejo. José Manuel Ubeira, abogado de Ribelli, sostuvo que se trató de un «éxito enorme para todos los argentinos». Víctor Stinfale, defensor de Telleldín, sostuvo: «Se acabó el negocio de la causa AMIA».
Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION