El reciente incendio criminal de un viejo centro social judío en el centro de París, vestigio de la presencia sefardí en la capital francesa, ha vuelto a disparar la alarma del antisemitismo en Francia, donde los fantasmas del pasado (caso Dreyffus, Vichy) parecen proyectarse sobre el presente con el trasfondo del conflicto palestino-israelí. Desde la explosión de la nueva intifada en Oriente Medio y la declaración de guerra contra la nebulosa terrorista del integrismo islámico tras el 11-S, las tensiones arrecian en la sociedad francesa, donde cohabitan la población musulmana (seis millones de personas) y la comunidad judía (entre 600.000 y 700.000) más numerosas de toda Europa.
La existencia de más de cinco millones de electores identificados con los postulados xenófobos de Le Pen y la proliferación de actos de móvil islamófobo o antisemita, así como la situación de marginación de sectores de la población árabe-musulmana, alimentan la tesis de quienes ven en Francia una deriva racista que contrasta con su larga tradición de tierra de asilo e integración. El lobby judío norteamericano y el propio Estado de Israel abanderan esta denuncia en los últimos años, consumada hace unas semanas con el llamamiento del mismo Ariel Sharon al éxodo de los judíos franceses para escapar del «antisemitismo salvaje» que, a juicio del dirigente israelí, crece en Francia con la inhibición o complacencia de las autoridades públicas. Del lado árabe-musulmán, por otra parte, Francia también es acusada de discriminación por prohibir el velo islámico en la escuela pública, frente opuesto de las tensiones étnico-religiosas que anidan en la, por otro lado, tolerante, diversa y cívica sociedad francesa.
La reciente visita relámpago del ministro de Exteriores de Israel, Sylvan Shalom, ha pretendido enfriar las brasas del áspero incendio diplomático, pero Shalom no se ha privado de conminar en París al Gobierno francés a hacer leyes más severas y velar por su aplicación sin contemplaciones. El agrio rifirrafe, sin embargo, guarda más relación con las posiciones de Francia en la crisis de Oriente Medio y sus atenciones con Arafat que con la verdadera situación de los judíos franceses, pese al irrefutable aumento de los ataques contra centros escolares, sinagogas, cementerios y hasta personas, tanto rabinos como simples estudiantes. El Ministerio de Justicia contabiliza sólo en lo que va de año 229 agresiones antisemitas –amén de otras 69 de opinión– y la policía ha realizado 103 detenciones. Pero el 80% de estos casos no han sido resueltos pese a su fuerte mediatización, que contrasta con la concedida a los actos similares contra centros de culto o símbolos musulmanes.
Desde la pasada primavera proliferan las profanaciones de tumbas en cementerios judíos, en una larga serie de asaltos de simbología nazi que se extienden desde el norte y Alsacia hasta los Pirineos orientales y la ciudad de Lyon. La comunidad judía francesa, encabezada por el Consejo Representativo de las Instituciones Judías (CRIF), denuncia desde hace años la espiral de antisemitismo que vive el país y presiona al Gobierno para que frene enérgicamente esta escalada. Su presidente, Roger Cukierman, insiste en la laxitud de la justicia, a pesar de que desde diciembre del 2003 las leyes permiten agravar penalmente todo acto de signo racista o xenófobo. Frente a las acusaciones de inhibición o debilidad, el propio Chirac, secundado por su Gobierno, se prodiga en categóricas declaraciones de firmeza contra la lacra del racismo sin ocultar la gravedad de la amenaza. Este clima llevó al presidente y a toda la clase política, así como a los medios de comunicación, a reaccionar aparatosamente al ataque contra una supuesta joven madre judía en un tren de la periferia de París, que a los pocos días se demostró ser una fabulación a costa de la imagen de la joven población afro-musulmana de la banlieue de la capital.
Desbordado por la crecida de los atentados antisemitas y el deterioro de la imagen exterior del país, el Gobierno ha endurecido las leyes y establecido severas penas de prisión por los delitos racistas, incluido el insulto. A instancias del propio Chirac, que lidera esta cruzada, el Gobierno aprobó hace unos meses una ley dedicada específicamente a reprimir con dureza los delitos de discriminación o intolerancia. «El Gobierno ha declarado la guerra a todos los racismos», subrayó el ministro de Justicia, Dominique Perben, tras el último atentado de París.
Sin embargo, la inquietud crece entre la comunidad judía francesa. «Respetamos la ley, pero hace falta que la República nos proteja, como a todos los ciudadanos», dijo Claude Zaffran, que oficia en la sinagoga próxima al centro social incendiado en la madrugada del pasado 22 de agosto, en un distrito de la capital donde viven 7.000 judíos, muchos de ellos oriundos del éxodo sefardí instalado en Francia tras la caída del imperio otomano en la Primera Guerra Mundial. Claire Romi, secretaria de la asociación judeoes-pañola Aki Estamos, que gestionaba el centro, ve así las cosas: «Francia no es antisemita, pero hay exaltados que no saben lo que hacen porque no conocen la historia».
Fte L.V.D