En un país sacudido hace ya más de diez años por dos gigantescos atentados que quedarán en la impunidad -los de la embajada de Israel y la AMIA-, aún es posible adquirir y transportar explosivos en forma ilícita.
Ventas ilegales, falta de seguridad e irregularidades en la documentación en varias empresas que fabrican y venden explosivos fue el sorprendente hallazgo que realizó el Registro Nacional de Armas (Renar), tras una serie de inspecciones y auditorías en los últimos meses.
Una auditoría que el Renar efectuó a pedido de la Justicia para confirmar la desaparición de 2820 kilos del explosivo anfo en la Fábrica Militar de Azul (Fanazul), un hecho revelado por LA NACION en marzo último, determinó que las graves irregularidades que presenta la documentación de esa fábrica estatal no permiten confirmar ni descartar a ciencia cierta la existencia del faltante.
Los procedimientos desarrollados por el Renar a partir de marzo llevaron a clausurar diez fábricas privadas y polvorines. Uno de los polvorines funcionaba sin autorización en el Tiro Federal Argentino, en Núñez, y otro -un depósito de pirotecnia- en el depósito fiscal Carestiba SA.
«El panorama que hallamos fue el de una enorme falta de control», afirma Juan Carlos Ramos, director nacional desde hace ocho meses del Renar, organismo encargado de controlar todo lo referido a explosivos y armas.
Una de las empresas inspeccionadas por el Renar fue Explosierras SH, de Olavarría, habitual compradora de anfo de la Fábrica Militar de Azul, que revende a otras firmas.
Si bien no se habrían hallado irregularidades en sus compras a Fanazul, el Renar encontró graves falencias en la documentación de Explosierras. Sus registros arrojarían, por ejemplo, que vendió más explosivos que los que tenía en existencia. Se habría determinado, además, que Explosierras les vendió explosivos a dos firmas no autorizadas por el Renar: una de Misiones y otra de Río Negro.
A otra firma de Olavarría, Explosivos Centro SA, el Renar le clausuró los polvorines por no haber completado las medidas de seguridad.
Héctor Mario Catala, titular de la empresa, presidió Delbene y Serris, un fabricante y distribuidor de explosivos de Fabricaciones Militares que figura en la causa de la AMIA por ventas que realizó a la firma Santa Rita, dueña del volquete depositado junto a la puerta de la entidad judía instantes antes de la explosión del 18 de julio de 1994. Explosivos Centro funciona en Olavarría en Colón 2645, que era la dirección de Delbene y Serris.
«Es la misma empresa, Delbene era de mi abuelo y ya no existe. En la causa de la AMIA -afirma Catala- no fuimos investigados, sino que colaboramos y asesoramos en la investigación. Todas nuestras ventas a Santa Rita fueron legales.»
Agregados a mano
Quizá la situación más extraña se presentó en la planta de Fanaluz, cuyo jefe, el coronel Aldo Serafín, denunció en febrero ante el juzgado federal de esa ciudad la posible desaparición de 2820 kilos de anfo, que la planta produce y vende con el nombre comercial de Nago 280. Es el mismo tipo de explosivo usado en la voladura de la AMIA.
Juan José Comparato, juez federal de Azul, confirmó a LA NACION que «el Renar halló problemas administrativos en Fanazul» y que el próximo paso en su investigación del presunto faltante de anfo será una serie de declaraciones testimoniales a personal de la planta. «El Renar llevó a cabo una amplia auditoría de la fábrica para el período 2003 y 2004, y más adelante nos entregará el estudio correspondiente a 2001 y 2002», agregó el juez.
Una fuente cercana a la investigación explicó que los registros de Fanazul presentaban varias tachaduras y agregados hechos a mano y que, según algunas cifras, surgiría un faltante de anfo de 1600 kilos, pero según otras, no habría faltante.
Debido a este problema, se encargó a Fanazul y a dos organismos técnicos de las Fuerzas Armadas que analizaran los volúmenes de materia primera ingresados en la planta, pero los tres estudios arrojaron cifras diferentes sobre la cantidad de anfo que podía fabricarse, lo cual tampoco permitió confirmar o descartar la falta de los misteriosos 2820 kilos.
Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION