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Es probable que la controversia sobre el desalojo pendiente en Ulpana, un barrio construido en tierras en disputa en el asentamiento Beit El de Cisjordania, se convierta en la primera nueva prueba del gobierno de unidad de Israel, según dijeron analistas políticos hoy.
El lunes la Corte Suprema de Justicia negó la petición del Estado de revisar el caso y posponer la evacuación del área, imponiendo una fecha límite del primero de julio para su destrucción.
En su decisión, el magistrado Asher Grunis amonestó al gobierno y dijo: “Es en las actuaciones de los procedimientos del Estado con la Corte Suprema que se mide su compromiso de mantener los principios de la ley”.
La decisión enfureció a la derecha y varios miembros de Likud le pidieron al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que busque una legislación que modifique la decisión de la corte.
Mientras que el premier y el jefe de Kadima, Shaul Mofaz, alcanzaron varios acuerdos ideológicos como parte del tratado de unidad gubernamental – más notablemente con respecto a una alternativa a la Ley Tal y un cambio en el sistema gubernamental – los dos partidos están divididos sobre Ulpana.
Likud es firme con que se debe encontrar una solución para evitar el desalojo del barrio, mientras que Kadima insiste con que la decisión de la Corte Suprema debe ser aplicada en su totalidad. “Creo en el Estado de Derecho en Israel y encontraremos una solución acorde”, dijo Mofaz ayer. Por su parte, Netanyahu dijo: “Este es un tema serio y lo estamos pensando mucho”.
Se espera que el primer ministro tenga varios encuentros sobre el asunto en los próximos días, con altos ministros, funcionarios de seguridad y del Ministerio de Justicia.
El fiscal general Yehuda Weinstein expresó su objeción a cualquier forma de desviar la legislación, pero es probable que Netanyahu explore esa opción igualmente. Los asociados del alto funcionario dijeron hoy que “la decisión final del mandatario sobre el tema se hará solo después de que se revean todas las alternativas”.