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La Corte Suprema de Israel criticó duramente al gobierno hoy por no cumplir con su compromiso legal de demoler un asentamiento de Cisjordania.
Durante una audiencia sobre el pedido del Estado de reconsiderar el derrumbe de estructuras construidas ilegalmente en el barrio Ulpana, el cual es parte del asentamiento Beit El de Cisjordania, Uzi Fogelman, del Ministerio de Justicia, dijo que “cuando el Estado dice que hará algo no se imagina que no se hará. Hay un respeto entre las distintas oficinas”.
El gobierno le pidió a la Corte el viernes pasado que reconsidere su decisión de evacuar y derribar cinco estructuras en Ulpana, las cuales fueron construidas en tierras privadas palestinas. También citó las difíciles ramificaciones que tendría un movimiento de este tipo para los residentes de Beit El.
El Estado ya le había pedido al tribunal superior que implemente las ordenes de demolición para los edificios del barrio, pero el mes pasado pidió 90 días para reevaluar su política de aplicar las órdenes de derrumbe de los puestos ilegales de Cisjordania, mientras combina consideraciones estratégicas, públicas y operativas.
“La pregunta es si hay un precedente para abrir el caso y cambiar la política luego de que se ha dado un fallo. Esto significa que en cientos de casos en la Corte Suprema el Estado dirá que sus políticas han cambiado. Esto tiene grandes implicaciones”, dijo Fogelman.
El funcionario enfatizó que el gobierno ha aceptado evacuar los edificios “no solo como un compromiso voluntario para sacarse algo de la agenda. Eso implica una mayor entrega”.
El pedido del Estado fue apoyado por el fiscal general Yehuda Weinstein y altos funcionarios de la Oficina de la Fiscalía. Sin embargo, altos juristas criticaron este apoyo.