La designación de Rafael Bielsa al frente de la lucha contra el narcotráfico integra el mismo movimiento. Bielsa, con la seniority de todo ex canciller, es el funcionario oficialista que mejor trato ha mantenido con los Estados Unidos, desde los tiempos en que Colin Powell le enseñaba a desarmar automóviles. Es verdad que para la política antidrogas de Washington la Argentina es un objetivo menor, comparada con México, Perú, o Bolivia. Pero la subsecretaria del Departamento de Estado para las Américas, Roberta Jacobson, es especialista en narcotráfico, y aplaudió la designación de Bielsa. El santafecino tiene una relación inmejorable con Argüello, consolidada por la amistad común con Eduardo Valdés, ex jefe de gabinete de la Cancillería. Otra sombra para Timerman, que también sufre la poda de Moreno y de Paglieri sobre sus facultades comerciales.
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El impulso a las investigaciones de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA, también alimenta el nuevo idilio. Sobre todo porque Nisman ha desentrañado ramificaciones inesperadas entre ese atentado y el que el agente iraní Abdul Kadir planificó sobre el aeropuerto Kennedy. En la Casa Blanca hay alguien que sigue esas pesquisas al milímetro.
Sería erróneo concluir que la relación con los Estados Unidos dejará de tener el carácter contradictorio y, si se quiere, híbrido, de toda la política exterior. Mientras lo denuncia por terrorismo, el Gobierno ensaya con Irán, por razones comerciales, una distención. Timerman, que denunció a Mahmud Ahmadinenjad junto a Hillary Clinton, casi se insola por cruzar el desierto sirio en busca de los funcionarios iraníes que, hace un año, lo esperaban en Aleppo.
Aun cuando el cerco sobre Irán es una de sus prioridades, el gobierno norteamericano evalúa la relación con la Argentina según el avance de la normalización externa de la economía. En Washington esperan el pago de las deudas originadas en fallos del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que preside un republicano de acero como Robert Zoellick.
Frente a ese conflicto, las sumas exigidas por los holdouts del fondo Elliot son, para la administración demócrata, accesorias. Es la razón por la cual el dueño de ese fondo, Paul Singer, llevó el caso a la Corte Suprema, donde los republicanos dominan una mayoría de cinco contra cuatro.
Amado Boudou y Hernán Lorenzino, agradecidos por las gestiones del Departamento del Tesoro para que el Fondo no condene las adulteraciones estadísticas del Indec, prometen cumplir con el Ciadi, igual que con el Club de París. Suponen que así facilitarán las inversiones de empresas estadounidenses y europeas. Deberían revisar ese optimismo. El cerrojo de Moreno sobre el comercio y los movimientos financieros, que inspiró la ira de Pimentel, hacen de esas ortodoxas intenciones una quimera adolescente.
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