La denuncia del fiscal Nisman, así como la decisión –y la práctica- del magistrado, el juez federal Ariel Lijo, deben ser interpretadas tanto en el contexto de la persecución política de la que vengo siendo objeto – particularmente a partir de responsabilidades que adopté en mi práctica parlamentaria- como en el de las inauditas presiones que sufren fiscales y jueces, sea por obra del Procurador kirchnerista Esteban Righi , sea por la de los comisiarios políticos oficialistas en el Consejo de la Magistratura.
Destinadas exclusivamente a estigmatizarme, esas decisiones por supuesto carecen de fundamento alguno y, no están sostenidas en ninguna investigación seria: sólo se apoyan en cadenas de suposiciones infundadas, en desvaríos normativos y en la voluntad de hacerme daño. Aquel acto alevoso y criminal ha sido, junto con una insoportable pérdida personal, una de las tragedias más dolorosas que debí padecer en mi vida. Estas imputaciones tienen la gravedad moral de sumar infamia a ese dolor.
¿Qué es lo que genera que, en estos finales del año 2008, haya surgido, luego de que incluso todos estos hechos hubieran prescripto claramente, la necesidad de notificar con fuerte impacto mediático mi convocatoria a una declaración indagatoria?. ¿Acaso la urgencia de tapar otros hechos de enorme gravedad institucional que pesan sobre el actual gobierno? ¿La necesidad de distraer a la opinión pública?
Quiero expresar una vez más el hondo pesar que el atentado me sigue provocando y la inquebrantable solidaridad que siento para con los familiares de las víctimas. Reitero que las calumnias y los ataques inmorales de los profetas del odio y sus mucamos no van a poder prevalecer sobre la verdad ni sobre mi férrea voluntad de defenderla contra viento y marea.
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