Galeano cargó contra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la propia CIDH y funcionarios del Gobierno por conformar lo que calificó como una «mesa chica de actores confundidos en sus intereses» y a cuyas decisiones su «suerte parece atada».
La CIDH instruye un reclamo de los familiares que integran Memoria Activa, en el que también participa el CELS. En marzo de 2005, el Estado argentino reconoció su responsabilidad en la falta de avances en el juzgamiento de los responsables del atentado y su encubrimiento.
El Estado, representado por el abogado de la Cancillería Horacio Méndez Carreras y el entonces fiscal de la Unidad AMIA, Alejandro Rúa, entre otros, firmó varios compromisos, muchos aún pendientes.
En su escrito, no obstante, Galeano planteó que Méndez Carrera es socio del CELS, al igual que el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Rodolfo Mattarollo, por lo que dijo estar ante una «estrategia absolutamente improcedente que demuestra una falta asombrosa de límites éticos, jurídicos y funcionales».
Galeano también señaló al juez federal Ariel Lijo por supuestamente haber accedido a presiones indebidas. «Y lo peor: obtuvieron cuanto deseaban, pues efectivamente el juez Lijo cerró poco después de eso la investigación sin más», dijo.
«El Poder Ejecutivo nacional había cumplido así una de las primeras grandes promesas «de reparación» a los peticionarios: mi separación de la función judicial. Y se aprestaba con toda la intención de avanzar con otra: mi condena penal», abundó.
El escrito fue presentado poco antes de que la CIDH celebrase la última reunión entre directivos de Memoria Activa, el CELS y representantes del Gobierno, en un encuentro que concluyó con el pedido de la Comisión para que el Estado demostrara mayor compromiso. Pero, para Galeano, se trata de algo más personal. «Mi suerte -o más precisamente mi desgracia- se ha convertido en una verdadera cuestión de Estado, según las pretensiones de la mesa societaria del CELS en Cancillería», acusó.
Tras ser removido de la investigación y de la Justicia, el ex magistrado también denunció que la causa no muestra más avances que la ofensiva contra él o «reformulaciones» sobre el análisis de la prueba que él mismo colectara cuando fue director del proceso, «respecto de los funcionarios iraníes y el brazo armado de la Jihad islámica; nada más».
«A los acusados de hoy yo los acusé ayer, jamás los encubrí, y por el contrario, produje toda la prueba que aún hoy se invoca», desafió. Aunque la seriedad de su escrito fue minimizado, Galeano le reclamó a la CIDH que lo dejara intervenir en el proceso y lo recibiera en la próxima audiencia para defenderse y aportar pruebas. La Comisión aún no se expidió.
Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.
La Nacion
