La justicia argentina comenzó a mirar con atención hacia la Triple Frontera en coincidencia con los dos atentados terroristas perpetrados en Buenos Aires durante el primer gobierno del ex presidente Carlos Saúl Menem.
De hecho, las investigaciones judiciales sobre los atentados contra la embajada de Israel, ocurrido en marzo de 1992, y contra la sede de la AMIA, en julio de 1994, incluyen numerosas referencias hacia esa conflictiva y caótica zona del planeta, dónde según informes de inteligencia habría operado el grupo fundamentalista pro iraní Hezbollah, sindicado como autor material de ambos ataques, que en conjunto dejaron más de cien muertos y varios centenares de heridos.
En el caso del atentado contra la sede diplomática de Suipacha y Arroyo, las sospechas de la Corte Suprema, a cargo de la pesquisa, llevan hacia Samuel Salman El Reda, un colombiano de origen libanés, casado con una argentina y sospechoso de ser el coordinador local del ataque. El Reda, sobre quien pesa un pedido de captura internacional, es muy investigado por la inteligencia extranjera por sus vínculos en la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.
Presunto agente operativo del Hezbollah, lazos familiares lo conectan con la segunda bomba. Está casado con Karina Saín, cuya hermana Silvina era la secretaria del agregado cultural iraní en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, uno de los nueve diplomáticos iraníes sobre quienes pesa el pedido de captura internacional dictado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la causa AMIA.
Según los informes de inteligencia que constan en el expediente, El Reda vivió en Colombia, y su último paradero concreto se situaba en el Líbano. Se cree que desde Foz de Iguazú -el lado brasileño de la frontera- habría coordinado los ataques terroristas.
Sospechas
También el voluminoso expediente de la causa que investiga el ataque a la mutual judía de Pasteur 633 contiene referencias a la Triple Frontera. Una de las pistas se relaciona con comunicaciones telefónicas realizadas hacia allí por André Marques, un hombre que llegó al aeropuerto de Ezeiza poco antes del atentado y que salió del país apenas después que la sede comunitaria quedara reducida a escombros.
Durante los últimos dos años, distintos funcionarios del gobierno norteamericano afirmaron que desde la Triple Frontera se envía dinero hacia la sede central de Hezbollah, que opera en el sur del Líbano bajo la protección de Irán y Siria. «Hay financiamiento del terrorismo desde la Triple Frontera», afirmó en agosto de 2005 Daniel Glaser, subsecretario adjunto del Tesoro norteamericano, a su paso por Buenos Aires. El subsecretario sindicó a Assad Ahmad Barakat como un miembro de Hezbollah que desde la frontera recolecta fondos que son enviados hacia el Medio Oriente.
En la comunidad judía, la AMIA y la DAIA insistieron durante los primeros años de las investigaciones judiciales, inicialmente a cargo del juez Juan José Galeano, en la necesidad de poner la lupa sobre las presuntas «células dormidas» de Hezbollah en la Triple Frontera. Voceros de la numerosa comunidad árabe instalada en Iguazú (Misiones), Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Iguazú negaron las acusaciones e insistieron hasta el hartazgo en el carácter pacífico de las comunidades allí instaladas.
El nuevo informe del Senado norteamericano viene a ensombrecer aquellos argumentos y a poner el foco en una región en la que toda actividad ilegal parecería posible.
La Nacion