Fuentes judiciales dijeron a la agencia DyN que Martínez de Buck rehusó en principio ejercer la defensa de los acusados, cuya representación tampoco había sido aceptada por su colega Roberto Dromi.
En ese marco, la Defensoría General de la Nación encomendó a Martínez de Buck asumir el patrocinio de Rafsanjani, otros siete ex funcionarios iraníes y el ciudadano libanés Imad Moughnieh, que afronta en Argentina una doble imputación, ya que la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura en la causa por el ataque perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel.
El 16 de noviembre pasado, el juez Canicoba Corral emplazó a los sospechosos a presentarse ante los tribunales de Argentina y designar representantes y, con posterioridad, decretó la rebeldía de los imputados porque ninguno reconoció la jurisdicción de la justicia nacional ni nombró defensores.
Así las cosas, Canicoba dio intervención al defensor oficial Dromi, pero luego de una contienda la representación de los nueve hombres requeridos por Argentina recayó en Martínez de Buck.
La abogada estatal ya ha tenido a su cargo defensas complicadas: representó a la ex secretaria de Estado María Julia Alsogaray en varias causas por presuntas maniobras de corrupción; y también debió asistir al ex capitán naval Alfredo Astiz en procesos por crímenes contra la humanidad cometidos en la dictadura del período 1976-83.
De hecho, Martínez de Buck era la defensora de María Julia cuando la ingeniera quedó presa, por orden del juez Canicoba, bajo cargos de peculado, en 2001, y también representó al ex titular de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, en el expediente por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
Canicoba dispuso en noviembre la captura de Rafjansani, del ex ministro de Inteligencia de Irán Alí Fallahijan; del ex canciller Alí Akbar Velayati, de los ex comandantes Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, del ex embajador en Argentina Hadi Soleimanpour, del ex consejero cultural de la embajada Mohsen Rabbani, del ex tercer secretario de la delegación, Ahmad Reza Asghari y de Moughnieh.
Según el juez, el gobierno de Irán que encabezaba Rafsanjani planificó el atentado a la AMIA en agosto de 1993 y ejecutó el ataque el 18 de julio de 1994, cuando una bomba demolió la sede de la AMIA en el corazón de Buenos Aires y mató a 85 personas.
Irán rechazó las acusaciones contra los ex funcionarios y manifestó al gobierno de Néstor Kirchner, a través del encargado de negocios en Teherán, Mario Quinteros, que la «Argentina ha entrado en un juego peligroso» al disponer la captura del ex presidente iraní y otros ocho sospechosos.
Este martes, la Cancillería argentina citó al Encargado de Negocios de Irán aquí, Mohsen Baharvand, para expresar que fueron «inaceptables» los términos en los que el gobierno de ese país convocó a un diplomático argentino.
«La Argentina manifestó su preocupación y sorpresa por la convocatoria del domingo del encargado de negocios argentino en Teherán y reiteró que no existen nuevos elementos para que el gobierno de Irán efectúe una protesta como la presentada ante el encargado de Negocios de la Argentina», informaron a DyN fuentes del Palacio San Martín.
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