Según trascendió hoy, UTJ votará en contra del proyecto de ley cuando llegue al Comité Ministerial para la Legislación el próximo domingo.
Fuentes del partido citada por el portal de noticias Arutz Sheva indicaron que “es inconcebible” que la coalición anule un fallo del Tribunal Superior sobre infiltrados ilegales, mientras se niega a lidiar con la decisión del año pasado que anuló una enmienda al Proyecto de Ley que protege los aplazamientos militares para los estudiantes de yeshiva.
El proyecto de ley de anulación alteraría la Ley Básica de Israel: Dignidad Humana y Libertad, facultando explícitamente a la Knesset para anular y promulgar leyes anuladas por la Corte.
Sin embargo, el proyecto de ley solo se aplicará a la decisión del Tribunal Superior que impide a Israel deportar a decenas de miles de inmigrantes ilegales africanos, advirtieron.
Si bien la coalición quería un proyecto de ley ampliado que se aplicaría a todas las decisiones del Tribunal Superior, el jefe de la facción de Kulanu, MK Moshe Kahlon, se ha opuesto firmemente a cualquier medida legislativa que disminuya el poder del Tribunal Superior.
El Tribunal Superior de Justicia dictaminó en septiembre de 2016 que las exenciones otorgadas a los haredim son discriminatorias contra las comunidades que no reciben exenciones, lo que le da a la coalición un año para legislar una alternativa.
La coalición no ha logrado llegar a un acuerdo con respecto a un nuevo Proyecto de Ley a pesar de que el Tribunal Supremo le otorgó una extensión de cuatro meses que expira en diciembre.
El tribunal también desechó en 2017 la primera Ley de infiltración, destinada a deportar a miles de inmigrantes ilegales de Eritrea, Somalia y Sudán que viven en Israel.
En 2018, el tribunal congeló la implementación de una nueva Ley de infiltración y, en abril , ordenó al gobierno a liberar a más de 200 ilegales que habían sido detenidos por negarse a abandonar el país.
Si bien Israel carece de una constitución, la Knesset aprobó una serie de Leyes Básicas que algunos juristas israelíes, incluido el ex presidente del Tribunal Supremo, Aharon Barak, han tratado como la constitución de facto del país.