Itongadol.- Con el cierre de la investigación del supuesto encubrimiento del atentado terrorista de 1994 por parte de la ex Presidenta, al fin podrá saberse la verdad sobre la denuncia que causó la muerte de ex titular de la UFI AMIA.
Apenas más de tres años pasaron desde que el fiscal Alberto Nisman -a cargo de la investigación del atentado a la AMIA desde 2004- conmoviera al país con una denuncia judicial de enorme impacto político: acusó a la entonces Presidenta, su canciller y un puñado de funcionarios y militantes oficialistas de haber intentado encubrir el atentado terrorista a la sede de la AMIA, ocurrido en 1994, a través de la firma de un acuerdo diplomático que según su convicción permitía a los ciudadanos iraníes acusados de ser sus autores escabullirse de la justicia argentina. No sólo canjeaba la cita a indagatoria con el juez Canicoba Corral por una Comisión de la Verdad de nulo valor judicial, sino que además -se escandalizaba Nisman- el pacto con Teherán le permitía a esos mismos iraníes aflojar el nudo de su pedido de captura internacional, decretado por Interpol.
Tres días después de aquella denuncia -cuya versión preliminar incluía un pedido de captura para Cristina Kirchner- Nisman apareció muerto en el baño de su casa por un disparo en su cabeza.
Sea quien fuere que haya gatillado aquella pistola Bersa en enero de 2015, el balazo que acabó con la vida del fiscal también intentó matar cualquier intento de investigar su acusación. Como la toalla caliente de un barbero, la denuncia voló de un escritorio a otro de Comodoro Py hasta que, obligado por la Cámara Federal, el juez Rafecas terminó aceptándola. Pocas semanas después, el 26 de febrero, el magistrado decidió archivarla sin siquiera aceptar al menos una de las medidas que el colega de Nisman Gerardo Pollicita le había pedido para ver si la denuncia tenía sustento. Con la velocidad de la luz, ese rechazo se replicó en la sala I de la Cámara Federal -integrada por Jorge Ballestero y el ahora despedido por corrupto juez Eduardo Freiler- el 26 de marzo. Todo quedaba sepultado en menos de dos meses.
Las apelaciones de Pollicita y la DAIA trataron de forzar una reconsideración en 2016. Pero las puertas de Rafecas y de la Cámara volvieron a golpearles las narices. Sin embargo, en aquellos primeros meses del gobierno de Mauricio Macri la avalancha de pruebas de la corrupción de altos funcionarios K -ignoradas por la justicia- y los crecientes indicios de que Nisman había sido asesinado y no se había volado la cabeza "ante la vergüenza de no poder sostener su denuncia frente al Congreso", como insistían los kirchneristas, voltearon los vientos en tribunales. Y tras una verdadera guerra en la Cámara de Casación Penal Federal -que incluyó todo tipo de intrigas, traiciones y operaciones por parte del ala K del tribunal- los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky ordenaron abrir una causa y desplazar de su gestión a Rafecas. Era Navidad de 2017.
En menos de un año, el 7 de diciembre pasado, el juez Claudio Bonadio procesó a Cristina, al ex canciller Timerman, a Luis D\’Elía, el diputado Andrés "Cuervo" Larroque, el militante islámico "Yusuf" Khalil y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, por el encubrimiento agravado del atentado a la AMIA. Ordenó encarcelarlos a todos -la ex Presidenta ya tenía fueros- y sumó a otros supuestos cómplices: el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el ex vicejefe de la Agencia Federal de Inteligencia Juan Martín Mena, y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.
Sólo dos semanas más tarde, el 21 de diciembre, la Cámara Federal -ahora con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah- confirmaba los procesamientos y detenciones firmados por Bonadio. La misma velocidad, pero en sentido contrario.
Para entonces, en otro juzgado también avanzaba la hipótesis de que Nisman fue asesinado, y que su muerte estuvo vinculada con su trabajo como titular de la UFI AMIA. Así lo reclamó el fiscal Eduardo Taiano, en un dictamen en el que recoge una completa pericia coordinada por la Gendarmería según la cual dos killers acabaron con la vida del fiscal aquella tórrida noche de enero de 2015. El 27 de diciembre pasado, el juez Julián Ercolini aceptó esa tesis y procesó como partícipe del crimen al asesor informático de Nisman y dueño del arma que acabó con su vida, Diego Lagomarsino.
Mientras el juez Rafecas zafa de la guillotina en el Consejo de la Magistratura por un acuerdo con el PRO, la elevación a juicio oral de la investigación que probó y amplió las pruebas que Nisman había recolectado en forma reservada mientras Cristina estaba en el poder permitirá establecer al fin en las audiencias si aquella denuncia era tan descabellada como el oficialismo K se multiplicó en calificar. Y esa verdad, sentenciada por un tribunal democrático y con todas las garantías constitucionales para la defensa de los acusados, será el mejor homenaje para la memoria del fiscal muerto.