En una deplorable decisión, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura desechó la alternativa de someter al juez federal Daniel Rafecas al proceso de remoción por juicio político por su decisión de desestimar, sin investigar, la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la sede de la AMIA.
El 14 de enero de 2015, Nisman se presentaba ante la Justicia Federal, denunciando hechos que consideraba delictivos. Imputaba su autoría a la más alta autoridad del Poder Ejecutivo; a su canciller, Héctor Timerman, y a un conjunto heterogéneo de funcionarios y políticos. Cuatro días más tarde y un día antes de que debiera presentarse ante el Congreso de la Nación para dar explicaciones sobre su denuncia, el fiscal general que investigaba la causa del peor atentado que sufriera nuestro país en toda su historia aparecía muerto en su domicilio.
Un disparo de revólver en la parte posterior de su cráneo terminó con su vida. Su denuncia estaba condensada en un escrito de más de doscientas páginas y en numerosas grabaciones telefónicas que estaban en manos del juez Rafecas. Poco más de un mes después de la muerte de Nisman, el 26 de febrero de 2015, el magistrado federal desestimaría la denuncia. El artículo 180 del Código Procesal Penal, que rige en materia federal, prevé que el juez puede hacerlo "cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito".
Los hechos a los que se refería la denuncia daban cuenta de una compleja trama destinada a beneficiar a un grupo de funcionarios iraníes. Nisman, desde su función como fiscal especial de la causa AMIA había contribuido a corroborar la participación de estos en el atentado del 18 de julio de 1994 y había logrado, merced a la seriedad de sus investigaciones, que la Interpol dispusiera su búsqueda y captura en una clase especial de alerta, la roja. Sin duda, esto debía perturbar significativamente a los jerarcas involucrados, pero ninguno de ellos parecía dispuesto a hacer lo que debía para que cesaran sus efectos: presentarse ante la Justicia argentina.
Cuando un juez recibe una denuncia, como ocurrió en este caso, debe ponerla de inmediato en conocimiento del fiscal, quien puede desestimarla por su cuenta. El fiscal interviniente en este caso, Gerardo Pollicita, lejos de ello, pidió que se lleve adelante la investigación, proponiendo numerosas medidas de prueba.
Aun así, el juez Rafecas la desestimó velozmente. En aquel momento, Rafecas sostuvo que la denuncia del fiscal Nisman aplicaba exclusivamente a las gestiones diplomáticas oficiales y a los actos ejecutivos y legislativos que condujeron a la sanción del memorándum de entendimiento con Irán. Se apoyó en que el acuerdo que formalizaba el memorándum nunca se cumplió porque, por un lado, fue declarado inconstitucional por la Justicia argentina y por el otro, la República Islámica de Irán nunca lo ratificó.
En consecuencia, el objetivo de sustraer a la Justicia argentina del conocimiento y decisión sobre la causa por el atentado que le costó la vida a 84 argentinos nunca se habría cumplido, existiendo, entonces, solo actos preparatorios encaminados a un objetivo ilícito que no pueden considerarse maniobras de efectivo encubrimiento.
El sofista argumento de Rafecas se aparta del encuadramiento que, con toda precisión, efectuó en su dictamen el fiscal Nisman, quien esmeradamente explicó allí que no eran objeto de su denuncia las gestiones y decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en torno al memorándum, pues "la decisión de poner en marcha una negociación con las autoridades iraníes o el mismo hecho de arribar a un acuerdo con ese gobierno, constituyen -en principio- la concreción de una estrategia y de una acción política exterior de carácter discrecional y de exclusivo resorte del órgano ejecutivo, cuyo ejercicio escapa al control judicial".
El enfoque de Nisman, en cambio, se dirigía al trasfondo clandestino y conspirativo que movió, por detrás, los actos oficiales diplomáticos y del Ejecutivo. La contundente prueba ofrecida por Nisman se refería a esa esfera clandestina en la que se dejaban ver las finalidades reales del acuerdo y no la de los actos, en sí lícitos, que la cubrían. La tergiversación por parte del juez Rafecas de lo expresado por Nisman pudo ser fruto de la falta de estudio mínimo de la denuncia o haber estado conscientemente dirigida a facilitar con seudoargumentos su rechazo.
Es imposible ignorar que la presentación del fallecido fiscal involucraba en hechos graves, nada menos que a la presidenta de la República en ejercicio y a su ministro de Relaciones Exteriores, por cuestiones vinculadas con el atentado terrorista, reiteramos, más grave sufrido por nuestro país. Y para terminar de evaluar la desestimación, es preciso agregar que sobre el juez Rafecas pesaban en ese entonces algunas denuncias, cuanto menos delicadas, que se tramitaban ante el Consejo de la Magistratura.
Por su escandalosa actuación en la causa Ciccone, que involucraba al exvicepresidente Amado Boudou, Rafecas se halló envuelto en un procedimiento del Consejo de la Magistratura que permanecía sobre su cabeza como una espada de Damocles. No puede descartarse que, como el juez se hallaba sometido a presión y estaba necesitado del favor oficial, esto haya pesado más que sus obligaciones como magistrado. Curiosamente, poco después de que Rafecas desestimara la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner y su canciller, en mayo de 2015, el Consejo de la Magistratura, con el aval de los representantes del kirchnerismo, archivó el pedido de juicio político al juez Rafecas por su actuación en la causa Ciccone.
Con el transcurso del tiempo, y superados ciertos avatares procesales, la denuncia del doctor Nisman pudo rescatarse y los hechos denunciados se acreditaron, al punto de haberse dispuesto el procesamiento con prisión preventiva de los denunciados por el desaparecido fiscal de la causa AMIA. Algunos de ellos permanecen en prisión o con pedido de desafuero. Rafecas debería ser investigado penalmente por haber contribuido a la matriz de impunidad a favor de Cristina Kirchner. Obviando el trágico, complicado y singular contexto histórico en que todo esto ocurrió, que sin duda aleja abismalmente a la desestimación dispuesta hace tres años de lo que sería un acto procesal común, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, en contra de lo que hubiera correspondido, privilegió cuestiones coyunturales por sobre la ética, y desestimó la semana pasada el juicio político a Rafecas. Solo votaron a favor del enjuiciamiento el senador Ángel Rozas y el diputado Mario Negri, en tanto que el resto de sus integrantes, incluido el representante del Poder Ejecutivo Nacional, lo rechazaron. Los representantes de los magistrados, Luis María Cabral y Leónidas Moldes, con un deplorable espíritu de cuerpo, también apoyaron la absolución del juez, esgrimiendo que no se lo puede enjuiciar por el contenido de sus fallos.
A instancias de los representantes del oficialismo Juan Mahiques y Pablo Tonelli, se propuso solo una sanción económica contra el juez por la comisión de actos ofensivos al decoro de la función judicial, como un llamado considerado intimidatorio contra el actual diputado Waldo Wolff, en 2016, luego de que este criticase el fallo del magistrado que desestimó la denuncia del fiscal Nisman. Entretanto, habrá que esperar la evaluación que la misma comisión del Consejo haga sobre las objeciones formuladas oportunamente por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras prestigiosas organizaciones no gubernamentales acerca de "situaciones de excesiva demora en la tramitación de las causas" en el juzgado de Rafecas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso.
Lamentablemente, por ahora, una vez más la ética y la justicia han sucumbido ante la conveniencia. De esta manera, se sigue dilatando la necesaria regeneración institucional que se impone a toda costa para recuperar la imagen de la Justicia y revertir la escandalosa situación que ofrecen parte de los tribunales federales penales de Comodoro Py.
Fuente La Nación