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Argentina/Atentados. Avanzan en la conformación de una unidad antiterrorista

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Itongadol.- Más de un cuarto de siglo después de los atentados que destruyeron la Embajada de Israel y la sede de la AMIA en Buenos Aires, todavía Argentina no está preparada para dar una respuesta institucional efectiva ante el accionar terrorista. Básicamente carece del know how: no hay jueces, ni fiscales, ni fuerzas de seguridad capacitadas adecuadamente, ni una legislación acorde que permita enmarcar el accionar del Estado en la prevención y lucha contra el terrorismo. Así lo entienden especialistas consultados por Ámbito Financiero que participan, de forma reservada, en la elaboración de un proyecto de ley que el Gobierno impulsará en las próximas semanas para la creación de una unidad antiterrorista que responda a los nuevos parámetros penales internacionales. La misma debería coordinar las acciones de un juzgado, un cuerpo de fiscales y fuerzas de seguridad especializados y dotados de la tecnología y el recurso humano adecuado para librar lo que para el Gobierno de los países centrales se presenta como "el principal problema de seguridad mundial". En estos días comenzará la ronda de conversaciones con referentes de los bloques opositores a quienes se los interiorizará de la iniciativa elaborada por un equipo que integran expertos de los ministerios de Justicia, de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

"Es necesario que retipifiquemos este delito en el código penal y establezcamos nuevos métodos investigativos para la detección de cualquier célula extremista o persona que pudiera tener algún tipo de conexión con estas organizaciones", explicó una fuente que trabaja en la elaboración del anteproyecto.

La Unidad de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo fue la que dio el puntapié inicial con un primer borrador que luego pasó por manos de la Dirección de Inteligencia Criminal en donde se le dieron las puntadas finales. "No vamos a inventar la pólvora, porque ya está inventada, sólo nos pusimos a revisar los marcos normativos de países donde el terrorismo es un problema prioritario, como Inglaterra, España, Israel o Francia y adaptarlos a nuestra realidad", detalló otro de los especialistas.

Los códigos argentinos no contemplan la responsabilidad penal de organización terrorista, ni para los actos individuales que supongan una acción extremista, ni el adiestramiento o adoctrinamiento de cuadros, ni el ciberterrorismo y, por supuesto, nada mencionan sobre la financiación de este tipo de actividades. "Eso es lo primero que vamos a hacer: crear esa figura penal y detallarla para que puedan encuadrarse todas las acciones", relató la fuente.

Tampoco hay en Argentina jueces ni fiscales especializados en esta problemática. El plan oficial prevé destinar la estructura de un Juzgado Federal (que podría ser el de un experimentado magistrado cuyo despacho está en Lomas de Zamora) y algunas fiscalías que se dediquen a la investigación de causas relacionadas a estos delitos. Además está previsto que se conformen (en caso de no existir) o se fortalezcan (cuando ya existan) los entes del Estado Nacional que agilicen la toma de decisiones institucionales, evitando las demoras en el accionar. De acuerdo al criterio de varios funcionarios de la Casa Rosada la legislación actualmente vigente es "arcaica" y coloca al país en un "riesgo de máxima vulnerabilidad ante el eventual accionar del terrorismo internacional".

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