Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Mañana, jueves, desde las 10.30 hs., Jorge Lucas, director de Contrainteligencia de la desaparecida Secretaría Inteligencia del Estado (SIDE) entre 1992 y 1999, completará su declaración como testigo en el juicio oral por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, en una audiencia sin público, tal como lo determinó el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2.
Ello marca un claro contraste con el debate anterior, sustanciado entre 2001 y 2004, cuando el TOF3 permitió que los periodistas y particulares interesados pudieran escuchar y ver los rostros de los espías convocados.
De todos modos, la medida no sorprendió, ya que los jueces habían adoptado la misma decisión en ocasión de la indagatoria del subsecretario de Inteligencia menemista Juan Carlos Anchézar y el ex espía Patricio Finnen, ambos imputados en este juicio.
La semana pasada y en cumplimiento de su habitual intención de que las sesiones no se prorroguen más allá de las 17 hs., los jueces interrumpieron su testimonio tras las preguntas del fiscal ad hoc Miguel Yivoff, en una polémica decisión que conspira contra la espontaneidad de sus dichos y le permite consultar o asesorarse, pese a que fue apercibido al respecto por el presidente del tribunal de esta quincena, Néstor Costabel.
Hasta entonces se le habían hecho preguntas generales sobre la investigación del atentado y después algunas más puntuales, varias de las cuales respondió “no recuerdo” o de un modo diferente a como lo había hecho en el juicio anterior, sustanciado entre 2001 y 2004; por ejemplo, sostuvo que el destituido juez Juan José Galeano no les ordenó abandonar la línea de Alberto Jacinto Kanoore Edul, vinculado con el entonces presidente Carlos Menem y clave en la llamada “pista siria”, que le interesaba porque llevaba al agregado cultural de Irán, Mohsen Rabbani.
A continuación será el turno de otro espía, Daniel Fernández, quien en 1994 trabajaba en la Dirección de Contrainteligencia de la SIDE y a fines del año siguiente pasó a la de Contraterrorismo.
Según declaró en el juicio anterior, el mismo día del atentado recogió un resto de chapa de la camioneta en un estacionamiento ubicado en Larrea y Tucumán, al día siguiente relevó edificios y locutorios de la zona de la AMIA y luego concurrió al negocio de los titulares de la Trafic, a la agencia Alejandro Automotores, de Alejandro Monjo, y la casa de Carlos Telleldín, el último poseedor conocido del coche-bomba, donde interceptaron e identificaron a los policías bonaerenses Diego Barreda y Mario Bareiro y, poco después, la entonces concubina del sospechoso, Ana María Boragni, los invitó a pasar y les contó sobre la presunta venta de la camioneta.
Fernández también participó del operativo de seguridad en la zona aledaña al banco donde se le abonó la segunda cuota de 200.000 dólares a esta última, que completó el pago para que Telleldín acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses.
La declaración de ambos testigos será difícil de conseguir por la reserva de las partes en virtud de la Ley de Inteligencia y el secreto de Estado.
Finalmente y de haber tiempo comparecerá el policía federal Marcelo Martín, cuyo testimonio ya fue postergado hace dos semanas.
Éste era inspector en el Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas cuando investigó a Kanoore Edul, de quien aseveró que cometía fraudes o estafas con documentos de identidad a nombre de otras personas y que tuvo una conversación telefónica con su primo y ex subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Víctor Chaban, que no pudo vincularse con el atentado.
Además, en 2001 le remitió a Galeano un informe con fotocopias de avisos clasificados del diario Clarín del 10 de julio de 1994, el día que Telleldín alega haber vendido la Trafic y que se registró un llamado al mismo desde el teléfono celular instalado en un auto de Kanoore Edul.
Entre los 140 citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento y espera ser juzgado por violación de secretos de Estado, y el ex espía Antonio Stiuso, cuya negativa a declarar ante la Unidad Fiscal genera gran incertidumbre en querellas y defensas.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar dos años, reúne dos causas: la mencionada interrupción de la investigación contra Kanoore Edul, el pago ilegal de 400.000 dólares de fondos reservados de la SIDE a Telleldín y otros delitos que habrían cometido Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
Por ambos hechos están imputados el magistrado destituido y el secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a Finnen, los ex fiscales y el presidente de la DAIA Rubén Beraja, y al propio Telleldín, Boragni y su entonces abogado, Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.
Por el otro caso son enjuiciados Menem, Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.
Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Alberto Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.
La causa había recaído originalmente en el TOF 3, que realizó el juicio anterior, así que volvió a sortearse y le tocó al TOF 2, cuyos miembros sufrieron numerosas recusaciones o excusaciones que demoraron por años el inicio del debate.