Itongadol/AJN.- Olga y Juan, los padres de Cristian Degtiar, una de las 85 víctimas del atentado a la AMIA, serán los segundos familiares en declarar como testigos en el juicio oral y público por encubrimiento de sus autores o cómplices y se espera que cuenten sus experiencias y vínculos con el destituido juez Juan José Galeano, los entonces fiscales Eamon Mullen, José Barbaccia y el fallecido Alberto Nisman, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja y otros dirigentes comunitarios, y el comisario retirado Jorge Palacios y demás autoridades, políticos, funcionarios, policías y espías, con el ex presidente Carlos Menem a la cabeza.
Seguramente también recordarán ese nefasto 18 de julio de 1994 y los días subsiguientes, y el devenir de la investigación, con sus idas y vueltas, desvíos y encubrimientos.
Por ejemplo, ambos integrantes de la Asociación 18J podrán referirse a la respuesta negativa que les dio el ex magistrado cuando le rogaron que les dijera la verdad acerca de si le había pagado a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses y que Galeano no negó, sino que justificó en el supuesto carácter secreto del pago.
O a la última reunión que tuvieron con Nisman, a fines de 2013, cuando éste les habría adelantado que la SIDE había descubierto una conversación telefónica entre éste y el entonces agregado cultural iraní, Mohsen Rabbani, imputado como autor intelectual del atentado, lo cual constituiría la primera prueba de una relación entre ambos.
Un detalle no menor es que será la última audiencia en el gobierno kirchnerista, que tanta importancia le adjudica a este juicio, a riesgo de politizarlo, antes del recambio presidencial del próximo jueves.
Se supone que habría sesión ese día, pero no así la semana siguiente, mientras que el debate continuaría con jornadas matinales los miércoles 23 y 30 de diciembre, previo a la feria judicial de enero.
En esas jornadas declararán Graciela y Yaco Furman, también de 18J, y Adriana Reisfeld, Diana Malamud y Jorge Lew, de Memoria Activa.
Entre los 140 testigos citados también se encuentran la saliente presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario de Galeano Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento, y el espía prófugo Antonio Stiuso.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el jueves 6 de agosto y podría durar hasta dos años, reúne dos causas: el pago ilegal con aval judicial y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado con Menem, y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido el magistrado y los fiscales.
Por ambos hechos están imputados Galeano y el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero se acusa a Mullen, Barbaccia, el ex espía Patricio Finnen, Beraja y el propio Telleldín, su ex mujer Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.
Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Palacios y Carlos Castañeda (ya condenado por la destrucción o pérdida de pruebas).
Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.
La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal Nº 3, el mismo que había actuado en el juicio de 2001 a 2004, en el que todos los acusados resultaron absueltos y que la Corte Suprema anuló parcialmente, así que volvió a sortearse.