El juez federal Norberto Oyarbide citó ayer a declaración indagatoria como sospechosos a los jueces de Misiones Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes había solicitado a la SIDE la intervención de los teléfonos del empresario Carlos Avila y del dirigente de familiares del atentado a la AMIA, Sergio Burstein.
Los magistrados fueron citados para el martes 10 de noviembre con el objetivo de profundizar la pesquisa sobre cómo se llegó a decidir la pinchadura de esas líneas, en el marco de la causa por las escuchas pedidas por el presunto espía porteño Ciro James, lo que provocó un escándalo.
Fuentes judiciales adelantaron a Clarín que los jueces misioneros estudian la posibilidad de pedir la causa porque los delitos se cometieron en Misiones. Si Oyarbide se niega en el futuro a hacerlo, la jurisdicción terminará siendo por la Corte Suprema de Justicia.
Como consecuencia de esta causa, el gobierno porteño confirmó ayer que el diputado nacional del PRO Eugenio Burzaco asumirá como nuevo jefe de la policía metropolitana luego de que termina su mandato legislativo el 10 de diciembre (ver Perfil). Este cargo lo ocupaba provisoriamente el comisario Osvaldo Chamorro luego de la renuncia del comisario retirado Jorge "Fino" Palacios antes de que fuera procesado por supuestas irregularidades en la causa AMIA.
Por las consecuencias del escándalo del espionaje, Macri tuvo que poner a un civil al frente de su policía cuyo lanzamiento a la calle postergó para diciembre luego de denunciar que el gobierno nacional boicotea su nueva fuerza.
Oyarbide aceptó así rápidamente el pedido que le había hecho el fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman quien consideró que los magistrados misioneros son responsables de "haber intervenido de manera ilegítima" las comunicaciones telefónicas de Burstein y Avila. En esta causa ya están procesados tres policías misioneros, además de James.
Nisman realizó ayer a la mañana este pedido al considerar que ni Burstein ni Avila "en modo alguno se encontraban siquiera sospechadas de cometer ilícito alguno".
La operación de las intervenciones telefónicas salió a la luz a raíz de la acción de hábeas corpus interpuesta por Burstein, que motivó que los jueces Gallardo y Rey, "ordenaran el cese de todas las intervenciones dispuestas en la causa, en la creencia que así podrían evitar dejar rastros de su ilícito o disminuir las consecuencias de sus conductas", explicó Nisman.
El fiscal acusó a los jueces de Misiones de los delitos de violación de la intimidad mediante intrusión telefónica agravada, abuso de autoridad, ocultación de documentos destinados a servir de prueba, prevaricato y falsedad de documento público.
Además, teniendo en cuenta "la escala penal de tales figuras y la evidencia concreta que de proseguir en libertad van a entorpecer" el curso de las investigaciones, Nisman solicitó "que sean detenidos".
Pero para que ello se haga efectivo, el fiscal explicó que "se debe iniciar previamente el proceso de juicio político". Clarin