Itongadol.- La Corte Internacional de Justicia ha permitido al Reino Unido presentar un escrito de amicus curiae en el que cuestiona la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos israelíes en la investigación del tribunal de La Haya sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Israel.
La Sala de Cuestiones Preliminares I del tribunal decidió el jueves conceder al Reino Unido hasta el 12 de julio para presentar su escrito, lo que significa que el proceso de toma de decisiones sobre la emisión o no de órdenes de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant se suspenderá hasta que pueda tomarse una decisión sobre la impugnación del Reino Unido.
Según los documentos judiciales publicados el jueves, el Reino Unido presentó su solicitud el 10 de junio, en la que citaba una decisión de la misma sala de 2021 cuando dictaminó que, a pesar de que el Estado de Palestina no era un Estado soberano, la CPI sí tenía jurisdicción sobre cualquier presunta violación del Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza.
El escrito del Reino Unido señalaba que el tribunal dictaminó entonces que tendría que tomar una decisión definitiva sobre la alegación de Israel de que la solicitud de la Autoridad Palestina de adherirse a la CPI viola los Acuerdos de Oslo siempre y cuando un fiscal de la CPI solicite órdenes de detención contra ciudadanos israelíes.
El argumento del Reino Unido es que las autoridades palestinas no pueden tener jurisdicción sobre ciudadanos israelíes en virtud de los Acuerdos de Oslo, por lo que no pueden transferir esa jurisdicción a la CPI para procesar a israelíes.
«El Reino Unido sostiene que la Sala, de conformidad con el artículo 19(1) del Estatuto de Roma, ‘está obligada a realizar una determinación inicial de competencia al resolver la solicitud de órdenes de detención’ de la que ‘necesariamente forma parte la cuestión de los Acuerdos de Oslo'», señaló el tribunal.
El tribunal señaló que otros Estados miembros de la CPI podían presentar escritos similares si así lo deseaban antes de la fecha límite del 12 de julio.
El Dr. Tal Mimran, profesor de Derecho y Tecnología en la Universidad Hebrea de Jerusalén y director de programas en el Instituto Tachlith, dijo que no esperaba que la decisión retrasara por mucho tiempo el proceso de toma de decisiones de la CPI sobre las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, anunció en mayo que solicitaba órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por presuntos delitos de «causar exterminio, causar inanición como método de guerra, incluida la denegación de suministros de ayuda humanitaria, atacar deliberadamente a civiles en conflicto».
La decisión fue ferozmente criticada por Israel, Estados Unidos y otros países, alegando, entre otras cosas, que el poder judicial y el sistema jurídico independientes de Israel eran capaces de investigar cualquier delito cometido durante la guerra de Gaza en curso, y que el fiscal no había dado tiempo suficiente a Israel para ejercer esa facultad.
Los críticos también argumentaron que Khan no se había comprometido con Israel para entender qué medidas podría haber tomado o estaba llevando a cabo actualmente para investigar cualquier posible acción criminal durante la guerra, a diferencia de su actitud en otras investigaciones como contra Caracas, donde se ha comprometido con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.