A propósito del nuevo fallo de la Corte Suprema que declara la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales, y ante el dolor de un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA y el amargo sabor de su impunidad, es importante tomar conciencia de que la Corte Suprema debería cambiar su actual interpretación de los delitos de lesa humanidad, guiada por razones políticas, y adoptar una postura más amplia que contemple al terrorismo dentro de esos delitos porque, de lo contrario, la investigación por este atentado va camino de prescribir cuando se cumplan 15 años del ataque.
Ocurre que el Código Penal establece un plazo máximo de tiempo para que el Estado lleve adelante la investigación penal y condene a los responsables de un delito. Para el caso de los delitos más graves (aquellos penados con prisión perpetua), el plazo es de 15 años, por lo que, una vez transcurrido, debe declararse prescripta la acción penal, lo que implica el cierre definitivo de la causa.
El punto radica en que la única vía legal para evitar la prescripción y el cierre de las investigaciones, tanto de la AMIA como de la embajada de Israel, es declarar imprescriptibles este tipo de atentados terroristas, pero para hacerlo es necesario reconocerles el carácter de delitos de lesa humanidad.
Nuestra Corte Suprema da este rótulo a los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra -toma y eliminación de rehenes-, y a los delitos cometidos participando de un aparato de poder estatal y con su cobertura, consistentes en la eliminación de opositores bajo un régimen de Estado policial y adoptados como metodología programada.
Sin embargo, cuando el pasado 13 de julio la Corte declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales a los militares en el caso Mazzeo, ratificó una vez más el criterio que viene manteniendo en casos anteriores, en especial en la causa Lariz Iriondo, en la que denegó la extradición a España de un miembro de ETA por considerar que el terrorismo no es un crimen de lesa humanidad (y, por ende, el delito por el que se lo reclamaba estaba prescripto).
En relación con este tema, el 16 de diciembre de 2006 la Corte emitió un fallo en la investigación del atentado a la embajada de Israel, que dejó flotando en el aire la sensación de que se habían declarado imprescriptibles este tipo de atentados terroristas (porque se acercaba el decimoquinto aniversario de ese ataque), pero, en realidad, lo único que se hizo fue declarar que no correspondía tomar esa decisión hasta tanto se estableciera fehacientemente la naturaleza del delito cometido.
Para superar el obstáculo de la prescripción bastaría con que se aceptara la definición más amplia adoptada por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual, dejando de lado el requisito de la participación del aparato estatal, acepta como delitos de lesa humanidad aquellos cometidos en el marco de la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales o religiosos.
La pregunta que se impone es, entonces, ¿por qué nuestro máximo tribunal se empecina en sostener que los delitos cometidos por terroristas no son crímenes de lesa humanidad? Y la respuesta es clara: es una puerta que los miembros de la Corte no han querido abrir hasta ahora, porque darles ese carácter a los atentados (que los transformaría en imprescriptibles) podría implicar que se deban considerar también imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura por diversos grupos terroristas.
Pero, claro, una decisión así importaría un giro político enorme, que el Tribunal debería dar no solamente por cuestiones jurídicas, sino también por razones igualitarias y de índole humanas, ya que, si la Corte Suprema no guía sus decisiones por cuestiones ajenas al ámbito político, ¿quién quedaría para salvaguardar injusticias tales como los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA?
La Nacion