Estoy harto de la AMIA. Cada vez que escribo sobre la AMIA me digo que será la última, y nunca puedo cumplirlo. Frente al tema de la AMIA me siento estafado, forreado, ninguneado una y otra vez. Siento todo eso y, en verdad, soy nadie. Soy solamente un periodista que escribió un libro y algunos artículos sobre el tema. El libro lleva años agotado y nunca voy a reeditarlo, y las notas se fueron, como todas las notas, con el viento. Pienso, entonces, en cómo deben sentirse los familiares de la víctimas, que han multiplicado esta desazón hasta el infinito. Me da asco ver a los políticos histeriqueando con los muertos, o llenándose la boca de dolor ajeno, oportunos turistas de la muerte de los demás.
Pasaron doce años y Juan José Galeano, el juez que garantizó la farsa, fue removido. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 (jueces Pons, Larrambebere y Gordo) se animó a desarmar el nudo y liberó a Telleldín y a los policías, que ahora enjuician al Estado. Y lo que quedó fue nada. Sólo polvo, y muertos. Sin embargo, todos los presidentes desde entonces (Menem, De la Rúa, Duhalde y K) prometieron investigar. Y todos, cada uno en su estilo, volvieron a mentir. En cada aniversario apareció, oportuno, un arrepentido, un pedazo de turbante, un mapa arrugado, un tape rarísimo, y operaciones de prensa que no resiste ningún archivo. El año pasado hubo un fiscal, Nisman, que juró haber descubierto al conductor suicida: el libanés Hussein Berro. Todos lo publicaron como una verdad revelada; el propio presidente K se lo informó al American Jewish Committee, que saludó el descubrimiento del detective Nisman, quien desde aquella estupidez vive debajo de una baldosa.
Finalmente, lo único probable era el encubrimiento: decenas de personas y varios millones puestos a ocultar, eso podría probarse. Tampoco fue: la causa cayó en el juzgado de Claudio Bonadío, nacido en la servilleta de Corach, en aquel entonces uno de los responsables de las cortinas de humo. La administración K, entonces, intentó tapar todo con plata, como hace en el Sur con los petroleros desocupados, o en el resto del país con los planes clientelistas. Pero la suerte le fue adversa:
-Nosotros pensábamos que esto se terminaba -les dijo Carlos Zanini, secretario en lo Legal y Técnico de la Presidencia, a los miembros de Memoria Activa-. Ahora, ¿cuántas veces tenemos que ir a que nos controlen lo que hacemos o no hacemos?
Los «controles» que desvelan a los K llegan desde Washington, en la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos de la OEA: el Estado argentino debe investigar pistas aún abiertas sobre el atentado, promover la transparencia de los archivos y los fondos de la SIDE, relevar e informatizar los registros migratorios, promover un abanico de nuevas leyes, dar nuevas facultades a los jueces federales en caso de terrorismo y resarcir a las víctimas.
Fue otra vez Zanini quien, según fuentes judiciales confiaron a PERFIL, le dijo al ex jefe de la Unidad Especial de Investigación del atentado, Alejandro Rúa:
-No podemos ir contra el menemismo.
Rúa salió en crisis del despacho del secretario; ¿contra quién ir, entonces, si los principales responsables del encubrimiento son Anzorreguy y Corach?
«EDIFICIO DE MENTIRAS»
La «línea Zanini» cayó entre los investigadores como un balde de agua fría: el Gobierno quiere que todo termine en un encubrimiento judicial, y cargarle el muerto a un muerto: Juan José Galeano.
Por paradoja, la teoría del encubrimiento judicial es cierta, pero son otros los nombres, y se encuentran en funciones.
El fallo del Tribunal Oral 3 y el informe de la Unidad Especial que Rúa nunca llegó a terminar sostienen algo similar: hubo un complot para encubrir el atentado. Este complot provino desde el propio Estado, y tuvo lugar desde enero de 1995 hasta que la causa fue elevada a juicio. Según comentarios de fuentes judiciales, el «edificio de mentiras» tuvo sus primeros seis meses de torpezas y de encubrimientos domésticos y hasta ingenuos: la Policía Federal investigando a Monjo y a Telleldín, que eran casi «tropa propia». Pero desde enero del ’95 hay prácticas de Estado para lograr una solución falsa a cualquier costo. «Cuando Galeano volvió de sus vacaciones -confían los investigadores-, se encontró con un paquete cerrado.» En ese punto comenzó a influir personalmente la camarista Luisa «Piru» Riva Aramayo, muy cercana a Corach, quien visitó a Telleldín en la cárcel para llegar a un arreglo. En el famoso video pomo judicial Galeano Telleldín, este último le dice:
-Ya se lo dije a Riva Aramayo. Hablen con el presidente y díganle si le conviene voltear a la Policía.
La «Piru» -que falleció en agosto de 2002, quizá víctima de su intensa vida social- también visitaba a Emir Yoma en un departamento de la madre de Mariano Cúneo Libarona, y le tocó redactar el sobreseimiento de su hermana Amira en el marco del Narcogate. También fue cuestionada, en su momento, por encontrarse con el entonces ministro Corach para
festejar las Pascuas judías.
El reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la causa AMIA fue motorizado en la gestión del ministro Horacio Rosatti, que finalmente se alejó del Gobierno negándose a firmar una licitación con sobreprecios para la construcción de tres cárceles.
Hay quienes ven la salida de Rosatti y el ascenso de Daniel Morín (titular de la Oficina Anticorrupción) como parte de un mismo fenómeno: la toma de territorio judicial por parte del jefe de Gabinete, Alberto E Morín había llegado a través de Quantín a su cargo, y fue quien denunció al ex jefe policial Giacomino por irregularidades; y propuso, al poco tiempo, hacer públicos los decretos presidenciales que asignan fondos a la SIDE. Finalmente, cuestionó la capacidad de Alberto F en cuanto a la reasignación de recursos del Presupuesto y fue «ascendido»; ahora es juez del Tribunal Oral Ordinario.
Poco antes de irse, Morín presentó en nombre de la OA, junto a Alejandro Rúa, un escrito ante el juez Claudio Bonadío, quien en ese momento cajoneaba la causa del encubrimiento del atentado.
Allí sostenían que en la causa AMIA «se vio negociación, un sponsor que puso plata, el auxilio monetario de la SIDE, pagos ocultos e ilegales, tergiversaciones, aseveraciones mentirosas, pruebas totalmente extrañas, jueces que denuncian extravíos, jueces que por años conservan audios comprometedores, otros que retardan Justicia, todo regado con un generoso Luigi Bosca».
Cuando el Consejo de la Magistratura tuvo que tratar un pedido de juicio político a Bonadío, formulado por Rúa en nombre del Ejecutivo (por retardar la investigación, etc.), el titular de la Unidad Especial se encontró con Joaquín Pedro Da Rocha, otro representante del Ejecutivo, pero en este caso ante el Consejo, pidiendo que Bonadío se quedara. Para colmo, ya entonces se decía en los corrillos de Tribunales que Da Rocha era la avanzada K sobre el Consejo para controlarlo, aun antes de cristinizada su estructura.
Cuando Rúa presentó como querellante en el juzgado de Bonadío un voluminoso escrito pidiendo la indagatoria de Anzorreguy, casi «se cae de espaldas», para citar a Galeano, pobre: Anzorreguy presentó un escueto pedido de una carilla, en el que constituía domicilio en el Estudio Righi y nombraba como su abogado a Fabián Musso. El «Bebe» Righi, ex ministro de Cámpora, es el jefe K de todos los fiscales federales y nacionales, y Musso es el operador de Alberto F en Comodoro Py
CRIMEN SIN CASTIGO
Todo cambia para que nada cambie: «ascendido» Morín es reemplazado por Abel Fleytas Ortiz de Rosas, tan cercano a Alberto como Vilma Ibarra.
«Renunciado» Rosatti, llega Alberto Iribarne, también albertista de la primera hora pero con un plus: el día del atentado de la AMIA, él era el viceministro del Interior, y Ruckauf, su ministro, no estaba en Buenos Aires. Para decirlo de otro modo: el encubrimiento comenzó durante su gestión; aunque él no lo haya promovido, no parece la persona más indicada para investigarlo. Y también aterrizó el detective Alberto Nisman, ahora a cargo de la Unidad Fiscal que «investiga» el atentado, y antes coequiper de los fiscales de Galeano, José «Batman» Barbaccia, y Eamon «Robín» Mullen. Nisman llegó a la causa de Galeano al mismo tiempo que se instaló el complot, y se instaló con ayuda de la SIDE. El Tribunal Oral 3 sostuvo en su fallo, refiriéndose a Nisman, que «fue el continuador de la actividad delictiva de Galeano». «Espero grandes avances con su tarea», dijo el presidente K sobre Nisman. Hasta que finalmente llegó el domingo en que Alejandro Rúa le da una entrevista a Jorge Urien Berri para las páginas de La Nación, donde comete su peor error: opinar. Y, para colmo, opina con el cuidado de un diplomático del Vaticano:»Con la gestión de Iribarne hubo una disminución en el avance del proceso», dijo. Al otro día el ministro de Justicia lo demandó pidiéndole tres años de cárcel de cumplimiento efectivo. Para colmo, parece que la suerte judicial está del lado de Iribarne: su abogado es Daniel Alfredo Carral, socio del estudio Righi, y el juez es una pinturita: Daniel Rafecas, el mismo que le permitió a un narcotraficante yugoslavo casarse en el Four Seasons y dar una fiesta para doscientas personas custodiadas por once gendarmes. No sería extraño que condenaran a Rúa a perpetua con accesoria por tiempo indeterminado. Ahora sabe que tiene bastante tiempo libre por delante, y les comentó a sus amigos que quiere ponerse a escribir: su experiencia en la unidad especial bien podría titularse «Crimen sin castigo».
INVESTIGACION
JL / Romma Manguel / Luclana Geuna.
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