(Hernán Cappiello, La Nación).- Como una obra de ingeniería judicial, la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner se levantó desde sus escombros y aun con el fiscal muerto amenaza complicar a la ex Presidenta, no ya en un caso de corrupción, sino como cómplice del terrorismo.
El dictamen del fiscal Eduardo Taiano le abrió la puerta de par en par al juez Claudio Bonadio para que realice medio centenar de medidas de prueba para comprobar si era veraz la hipótesis de Nisman: que Cristina Kirchner firmó el pacto con Irán para librar a los iraníes de las acusaciones por la AMIA.
Hasta ahora el juez Daniel Rafecas archivó el caso sin investigarlo porque dijo que no era verosímil. La Sala I de la Cámara Federal lo apoyó y el fiscal de Casación Javier de Luca entendió que no había delito. Sin impulso fiscal, el caso fue al archivo.
Pero la jugada de familiares de la AMIA de presentarse en otra causa paralela contra Timerman, en poder de Bonadio, le permitió esquivar todos los escollos: se trata de otro juez más decidido a avanzar que Rafecas; otra sala (la II) de la Cámara Federal dispuesta a abrir el caso y eventualmente otro fiscal, en lugar de De Luca, con la convicción de que lo que denunció Nisman es un delito.
De paso los familiares de AMIA removieron otro obstáculo: se presentaron como querellantes, es decir como víctimas, y el juez Bonadio los aceptó en ese rol.
Esto les asegura que por más que un fiscal desista de acusar, como pasó con De Luca, ellos siempre tendrán la posibilidad de presentar su recurso para llegar a la Casación y eventualmente a la Corte Suprema.
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Bonadio no necesitará exhumar la causa archivada ni pedírsela a su colega Rafecas. Le bastará -como dijo el fiscal Taiano- con resignificar las escuchas telefónicas de los personajes centrales y laterales del kirchnerismo, que discutían cómo librar a Irán de los cargos en su contra, con la supuesta anuencia presidencial.
Bonadio lo hará a la luz de la causa en la que investiga a Timerman por encubrimiento, porque le confesó a un dirigente judío que negociaban con Irán porque eran ellos los que habían atentado contra la AMIA.
Esta charla grabada de contrabando puede ser una parte de lo que denunció Nisman: el gobierno sabía que Irán era culpable y aun así le posibilitaba una salida firmando un pacto secreto.
Que ambos hechos sean dos partes del mismo delito es la hipótesis que habilita a Bonadio a realizar las 50 medidas de prueba que pidió el fiscal Gerardo Pollicita hace un año y medio para investigar la denuncia de Nisman, y que Rafecas entendió que no eran necesarias. Le bastó con archivar.
Por lo pronto Bonadio buscará acreditar los hechos nuevos que aportaron Luis Czyzewski, en nombre de su hija Paola, y Mario Averbuch, en representación de su hija Yanina, que permiten reabrir el caso. Los familiares de los muertos explicaron, por un lado, que la Cancillería no intervino en la redacción del pacto, como publicó Clarín, sino que lo hicieron representantes de Irán. Y por otro, dijeron que Irán previó en 2007 la formación de la Comisión de la Verdad revisora del caso, como lo publicó LA NACION. Por eso es que Taiano pidió a Bonadio que cite a los periodistas Daniel Santoro, de Clarín, y Jorge Rosales, de LA NACION de modo de que ratifiquen esas informaciones, que harían mirar la denuncia de Nisman con otros ojos: resignificar los hechos en palabras del fiscal Taiano.
Bonadio, el primer juez que procesó a Cristina Kirchner, la puede acusar no ya de un delito económico, sino de un delito con implicancias políticas internacionales.
Que un ex presidente sea investigado por corrupción ya es parte del paisaje argentino de los últimos 25 años. No nos asombra. Pero si se agregaran cargos de encubrimiento del terrorismo internacional, estaríamos ante una rareza que en Europa y en Estados Unidos, bajo el fuego de Estado Islámico, llamaría la atención.