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Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- La segunda parte de la audiencia de ayer, jueves, del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA puede resumirse como un denodado y quizás infructuoso esfuerzo de todas las partes por ordenar y entender la confusa e imprecisa declaración del ex sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Argentino Lasala.
El testigo participó en el intento de detención de Carlos Alberto Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, por parte de la Brigada de Vicente López, el 14 de julio de 1994, fuera de su casa de Villa Ballester, como parte de una banda dedicada a la comercialización de vehículos adulterados, incluido un Renault 19 con el cual se fugó, rozó su Peugeot 505 e “hizo pelota” otro utilitario.
Luego arrestaron a Hugo Pérez, pero no pudo referirse demasiado a ese hecho porque sigue procesado por extorsión.
Según Telleldín, su amigo y socio quedó libre después de que le transfiriera un barco al abogado Juan Alberto Bottegal, quien habría estado confabulado con los uniformados, aunque Lasala negó conocerlo.
El hoy querellante no volvió a saber del primero hasta que vio su foto después del atentado y lo relacionó porque sabía que había publicado un aviso en el diario para vender esa Trafic, pero no lo informó a la Justicia porque ello correspondía a sus superiores, pese a que era funcionario público y estaba obligado a ello.
Después contó que en julio de 1996 revistaba en la Brigada de José C. Paz y allí se enteró de la detención de varios de sus colegas de Vicente López, así que se presentó espontáneamente en Tribunales, donde lo recibió la secretaria del destituido Juez José Galeano, Susana Spina, quien lo maltrató y le informó que estaba por pedir su captura.
Un par de horas después llegó el magistrado, le confirmó que había detenido al entonces subcomisario Juan José Ribelli “y de ahí para abajo” y le recomendó que pensara en su familia y firmara una hoja, que no vio, en la cual certificara la relación de éste con la Trafic y los explosivos e involucrara a sus ex compañeros, pero como se negó a hacerlo “porque era mentira”, lo dejó preso durante más de un mes y luego lo exoneraron de la fuerza.
Las veces que Lasala habló con el juez fue a solas y no quedó constancia de ello, pese a que lo denunció en el juicio anterior, de modo que no puede probarlo y seguramente Galeano lo negará.
Con muy poca claridad, relató que seis meses después de haber sido liberado, un cabo de la Brigada de José C. Paz le sugirió que hablara con el cabo Maurer, ya que podía contactarlo con alguien que estaba en condiciones de ayudarlo a que le levantaran la disponibilidad preventiva si cambiaba su declaración y lo invitó a “bajar a Capital” para hablar con Luis Vicat, quien estaba autorizado por Galeano, pero el testigo le aclaró que no modificaría su versión porque ésa era la verdad.
Días después, Maurer fue a la dependencia con dos personas que no se identificaron ni dijeron en nombre de quién venían, a una de las cuales le faltaban dos dedos y le dijo que fue por una granada y que imaginara lo que podía pasarle a él o a su familia si no declaraba contra los policías bonaerenses, a lo cual le respondió que ya conocía sus caras y los iría a buscar si algo de eso ocurría.
En cambio, si accedía, le prometió normalizar su situación laboral, dinero, un cambio de identidad y hasta irse del país con su familia porque era asesor del entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y, si hacía falta, podía llevarlo a hablar con él.
Todo esto Lasala recién lo contó en el juicio oral anterior.
Por otra parte, lamentó que su hija terminara el liceo policial, pero nunca pudiera ejercer “por portación de apellido”.
Antes de un cuarto intermedio de casi dos horas, el ex principal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Oscar Bacigalupo denunció que en el juzgado suprimieron partes de su declaración, pero a lo largo de dos horas y media dejó varias dudas sobre la veracidad de sus dichos.
El hoy querellante fue el secretario de instrucción de la detención de Telleldín el 4 de abril de 1994 en Tortuguitas y por parte de la Brigada de Lanús, donde compartía destino con Ribelli.
El imputado fue capturado por averiguación de antecedentes y liberado al día siguiente porque presentó un documento de identidad con el apellido “Teccedin” por un error del Registro Nacional de las Personas que aprovechaba en su vida cotidiana.
El testigo contó que hizo las actuaciones para remitir las “fichas dactiloscópicas” (huellas digitales) a la División Antecedentes, con sede en La Plata, pero éstas no fueron enviadas a tiempo porque faltaba la firma del instructor, Alejandro Burguete; de todos modos, el cotejo de las mismas no identificó a Telleldín porque no lo hizo una persona idónea, sino un cabo que trabajaba como ordenanza.
Bacigalupo hizo mucho hincapié en la diferencia entre su situación procesal -dos veces detenido y exonerado de la fuerza- con la de su superior, quien colaboró con la investigación de Galeano al declarar contra Ribelli y agregar “condimentos” que le fueron útiles al destituido juez “para seguir echando tierra” sobre los ex policías, asistido por su abogada, Marta Parascándalo, y con la ayuda del actual camarista de Casación bonaerense Federico Domínguez, ambos acusados en otra causa paralela a la del atentado, según se lo contaron Burguete, ya fallecido, y su letrada.
El testigo aseguró que declaró sin la presencia de un abogado ni de los fiscales -a quienes nunca vio- y que personal del juzgado (“un pelilargo”) suprimió sus dichos en defensa de su actuación en la detención de Telleldín, que según éste se saldó con una coima, lo cual recién denunció en el juicio anterior; tampoco pidió ampliar su indagatoria para insistir con lo presuntamente borrado.
También aclaró que Ribelli nunca compartió destino con Anastacio Leal, otro de los imputados por el ataque terrorista, y más allá de sus esfuerzos por mejorar su imagen y la de sus colegas se notó que omitió deliberadamente datos que los podían comprometer y así justificar la detención oportunamente ordenada por Galeano y cuestionada como ilegal en este juicio oral.
El caso más grosero fue el de su apelativo, ya que en escuchas telefónicas se advierte que los policías se referían en clave a la “causa Baci”, pero éste negó que así lo llamaran sus colegas, o cuando dio tres fechas diferentes de cuándo se enteró de que lo investigaban por el atentado, como para justificar por qué le advirtió a su ex esposa que podían ir a visitarla de la entonces SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado).
O cuando dijo que nadie en la Brigada de Lanús relacionó a “Teccedin” con Telleldín cuando su imagen se hizo pública después del atentado, o que no temían ser detenidos por el atentado y que nadie le instruyó no declarar, pese a que hay una escucha a Ribelli que da cuenta de todo ello.
O su curiosa referencia a cómo y por qué tomó su defensa Gustavo Frasquet: dijo que lo conocía de cuando revistó en la Brigada de Quilmes, estaba en Tribunales cuando llegó para declarar y le propuso asistirlo, al mismo tiempo que a sus compañeros Víctor Cruz y Raúl Ibarra.
La semana que viene declararán los ex policías bonaerenses Miguel Arancibia y Bautista Huici.