Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- La decimonovena audiencia del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA duró hoy, jueves, unos 40 minutos, durante los cuales Jorge Lew, padre de Agustín, una de las 85 víctimas del ataque terrorista, y viudo de Norma, sobreviviente del mismo, no arrojó mayores novedades, más allá de ratificar algunos hechos conocidos.
Al comienzo, el primer testigo que representó a la agrupación de familiares y amigos Memoria Activa contó que su hijo tenía 21 años y trabajaba en el Departamento de Sepelios de la AMIA, mientras que su esposa era directora de Servicios Sociales y una verdadera autoridad latinoamericana en la materia.
Ese 18 de julio de 1994 escuchó la explosión en la casa de un amigo, cerca de allí, y llegó a los 20 minutos, aclaró Jorge Lew en la sesión que puso fin a casi 45 días de receso, dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 fundamentalmente por la feria judicial.
Norma fue rescatada de entre los escombros, pero resultó gravemente herida y debió ser internada y operada en varias ocasiones.
Al poco tiempo, ambos comenzaron a reunirse con otros familiares de víctimas, con quienes formaron Memoria Activa, la cual Norma presidió durante seis años, hasta que falleció por un cáncer.
Con el tiempo “buscamos diferenciarnos de otras querellas porque buscar justicia significaba no comprometernos con institución alguna”, explicó el padre de Agustín.
Sin embargo, desde el juzgado del destituido juez Juan José Galeano “el trato no era igualitario con nuestros abogados, que nos decían que no les permitían acceder a la información y sí a los de la AMIA; incluso (León) Smoliansky tuvo que dejar la querella por eso”, puntualizó.
Luego, Lew relató una reunión entre familiares y el entonces presidente de la DAIA Rubén Beraja, en la cual éste se refirió a las diversas querellas como “patas que sostenían una mesa”, que era la “causa AMIA”, pero criticó que una de ellas, en referencia a Memoria Activa, estaba flaqueando y no respondía “a lo mismo que las demás”.
El testigo no tenía muy presente todo el contenido del resonante discurso pronunciado por los deudos en el acto de 1997, aquel del “yo acuso al gobierno de (el entonces presidente Carlos) Menem y (el gobernador bonaerense de la época, Eduardo) Duhalde” de favorecer la impunidad, pero sí lo ocurrido al día siguiente, el 19 de julio: “Me llamó el (entonces) presidente de la AMIA (Oscar Hansman) y me dijo que había ido con Beraja a hablar por el elevado tono de nuestro discurso con Menem” a la Casa Rosada, un gesto que los familiares emparentan con un pedido de disculpas que los involucrados siempre negaron.
La semana que viene declararán los ex policías bonaerenses Jorge Rago y Diego Barrera.
Tal como había adelantado en su carta de renuncia, Elizabeth Gómez Alcorta seguirá al frente de la querella de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta la semana que viene, tras la dimisión o despido de la mayoría de los integrantes de esta parte actora del juicio.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar hasta dos años, reúne dos causas: el pago ilegal, con aval judicial, a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses, y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado Menem y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido Galeano, Mullen y Barbaccia.
Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, el ex espía Patricio Finnen, Beraja y el propio Telleldín, su ex mujer Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.
Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.
Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.
La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal Nº 3, el mismo que había actuado en el juicio de 2001 a 2004, en el que todos los acusados resultaron absueltos y que la Corte Suprema anuló parcialmente, así que volvió a sortearse.
