Itongadol/AJN.- En la octava audiencia del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, de hoy, jueves, fue el turno de las indagatorias de Víctor Stinfale y Ana Boragni, respectivamente ex abogado y mujer de Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic que voló la sede comunitaria judía.
El primero se negó a declarar, entonces se leyó un escrito que había presentado ante el juez Ariel Lijo en la instrucción de la causa por el pago de 400.000 dólares por parte de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para que su defendido acusara, se presume que falsamente, a un grupo de policías bonaerenses, con la anuencia del ex juez Juan José Galeano.
En esa ocasión, el letrado argumentó que interpuso varios recursos a pedido de su “avezado cliente”, que varias veces aclaró que ni él ni Boragni estaban al tanto de cuál era la finalidad de ese dinero, al igual que lo hicieron agentes y jerarcas de la SIDE, con quienes tampoco sabía que estaba teniendo contacto.
Por ejemplo, contó que la solicitud de recompensa la redactó por indicación de su tutelado y no de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, ni del ex presidente de la DAIA Rubén Beraja o el abogado de la AMIA Luis Dobniewsky.
A continuación, Boragni expuso durante dos horas y media, durante las cuales también respondió preguntas de su abogado, Enrique Manson, la Fiscalía y el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, Jorge Gorini.
Al principio y al final de una alocución resaltó que lucha contra “una enfermedad terminal” y que no entiende por qué ella, su ex esposo y su ex abogado todavía deben dar explicaciones, tras haber sido “títeres de un gobierno corrupto y de la mier… de la SIDE”.
La ex mujer de Telleldín contó que, a fines de julio de 1994, supuestos agentes del Mosad -a uno de los cuales reconoció por televisión, mientras caminaba con perros israelíes por los escombros de la AMIA- “a quienes les costaba mucho hablar en español” le dijeron que sabían que eran inocentes y que habrían actuado de un modo diferente: soltar al sospechoso para que los llevase con los culpables…
El pago lo atribuyó a los derechos de autor de un libro que su esposo había comenzado a redactar en la cárcel de Devoto “para pasar el tiempo” y que finalmente se habría publicado, e identificó a los agentes de la SIDE que estuvieron en contacto con ella, “el capitán o coronel David” y “Julio”, como representantes de una editorial extranjera que la contactaban de parte del juzgado.
Sin embargo, Boragni relató que tanto en ese momento como en varias ocasiones posteriores, incluso antes de declarar en el juicio anterior, fue amenazada para que no revelara la existencia del mismo “más allá de lo que hiciera Carlos, que ya había empezado a hablar” al respecto.
La mujer aseveró que le había pedido a su esposo no participar del pago y éste le respondió que el juzgado quería que fuera ella.
Por otra parte, afirmó que el ex capitán Héctor Vergez le dijo que si “le hacía el favor” de acusar a unos detenidos en Paraguay a cambio de un millón de dólares, ello “sumaría unos puntitos para la reelección de (Carlos) Menem”, quien “le estaría agradecido”.
Como ya se hizo costumbre en este juicio, la imputada también criticó al fallecido fiscal Alberto Nisman, a quien dijo haberlo visto “arrastrándose como una ratita detrás de los fiscales” Mullen y Barbaccia y después hacer “lo necesario para quedarse con la causa”.