Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Hoy se reanudará el juicio oral y público por encubrimiento del atentado a la AMIA con la sexta audiencia, en la cual continuarán las declaraciones indagatorias de los imputados.
Por ahora lo hicieron los ex comisario de la Policía Federal Jorge Palacios -muy brevemente- y fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, mientras que se negaron los entonces presidente Carlos Menem, juez Juan José Galeano y comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda, y entonces se leyeron sus dichos en la instrucción de Ariel Lijo.
En tanto, la defensa del ex jefe de los espías Hugo Anzorreguy pidió su “eximición de comparecencia”, que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado para la ocasión por Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, con Domingo Altieri como suplente, debe analizar, mientras ya aceptó la designación de los peritos Humberto Mesones, Pedro Cossio y Antonio Maya para revisar su salud, sobre todo la “viscoconstrucción, percepción, praxia, lenguaje y funciones ejecutivas”.
Los jueces difirieron para mañana la presentación del entonces subsecretario de Inteligencia, Juan Carlos Anchézar, por problemas de salud.
Salvo los ex fiscales, el resto está acusado de interrumpir la investigación contra Alberto Kanoore Edul, que es clave para la “pista siria” del atentado.
El resto de los imputados deberá comparecer por el pago ilegal de 400.000 dólares de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, para que acusara -se presume que falsamente- a un grupo de policías bonaerenses.
Ellos son el propio receptor del dinero, su ex mujer Ana María Boragni y abogado Víctor Stinfale, y los entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja, y espía Patricio Finnen.
Por haber fallecido no son juzgados su colega Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Los imputados pueden aceptar o negarse a declarar, sin que ello constituya indicio negativo en su contra, y aun si aceptaran hablar, podrían no responder preguntas o acceder solo a las del tribunal o las partes que consideren legitimadas, en virtud de los cuestionamientos que realizaran al momento de las cuestiones preliminares.