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El acuerdo con Irán, por Carlos Pagni

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Itongadol.- Para malhumor de la Presidenta, y de su candidato Scioli, este ajedrez reabre la discusión sobre su operación diplomática más disparatada: el acuerdo con Mahmoud Ahmadinejad. Ledesma postergará su pronunciamiento porque, como estuvo ausente, debe repetirse la audiencia en la que el Gobierno, las instituciones de la comunidad judía y el fiscal Raúl Pleé presenten sus argumentos a favor o en contra del memorándum. Los abogados de la AMIA y la DAIA prometen ser más duros.

 
La clave está en el voto de Ledesma, ya que Figueroa votaría a favor de la constitucionalidad. La tesis de Gemignani sería la contraria: como sostuvo la Cámara Federal Penal, el tratado violaría varias disposiciones constitucionales. Es la posición más extendida entre los especialistas. En principio, porque el Poder Ejecutivo desobedeció el artículo 109 de la Constitución, que le impide inmiscuirse en causas judiciales.
 
También cedió soberanía, al aceptar que una Comisión de la Verdad pactada con Teherán recomiende al Poder Judicial argentino cómo proceder en este caso (artículo 4º del memorándum). La existencia de ese organismo viola el principio del juez natural y la prohibición de resolver pleitos mediante comisiones especiales. Además, la comisión se constituyó para satisfacer a un grupo de imputados en razón de su nacionalidad iraní.
 
¿Qué sucedería si apareciera un acusado de otro origen? Argentino, por ejemplo. ¿Se le aplicaría otro procedimiento por el mismo delito en el mismo juicio? Los iraníes disfrutarían de una justicia hecha a medida. Como los Kirchner.
 
Con el debate reaparece el fallecido fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman; otra vez se cuestionarán el acuerdo de Cristina Kirchner con Irán y la participación de algunos de sus funcionarios: el canciller Héctor Timerman y Juan Martín Mena, el segundo de la ex SIDE, que negoció con los iraníes en Zurich y en Dubai.
 
Mena pertenece al mismo círculo que el conjuez Álvarez, que pretende examinar su comportamiento. Al parecer, el subsecretario de Inteligencia intentó que el gobierno de Ahmadinejad aprobara el tratado para evitar el último papelón: los iraníes lograron que Cristina Kirchner y Timerman firmen un acuerdo costosísimo, que ellos después no iban a convalidar.
 
La Presidenta se irritó por esa burla en las Naciones Unidas en septiembre pasado, cuando reclamó a Irán que cumpla con lo prometido. Una doble ingenuidad, porque si ratificaran el tratado, igual no se aplicaría: los iraníes ya aclararon que su derecho procesal no prevé el sometimiento a jueces extranjeros. Sobre Cristina Kirchner y el memorándum cabe la pregunta que Borges se hizo sobre Galtieri y las Malvinas: ¿no hubiera convenido consultar a un abogado?
 
Consultó a Hugo Chávez, que ya no está para reproches. Ahora la Presidenta intenta justificarse diciendo que Estados Unidos, que le criticaba el entendimiento con Teherán, también acordó. Pasa por alto una gigantesca diferencia. El presidente Barack Obama pactó sobre políticas futuras, no sobre un crimen de lesa humanidad todavía sin castigo.
 
La impunidad del atentado contra la AMIA es un retrato de la cada vez más deformada institucionalidad argentina. La Presidenta arregló una revisión de la causa con aquellos a quienes ella misma había acusado. Intentó que ese entendimiento fuera convalidado por abogados amigos de sospechosa calidad.
 
Acusó por esconder pruebas a Antonio Stiuso, un espía que recibía órdenes de ella y de su esposo. Mientras tanto, la única investigación que sigue viva es surrealista: el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli siguen sin poder determinar si, cuando protestaron por el acuerdo con Irán, las autoridades de la DAIA, los intelectuales Santiago Kovadloff, Marcos Aguinis, Daniel Sabsay y Carlos Alberto Montaner; las diputadas de Pro Patricia Bullrich y Laura Alonso, y la agente de prensa Mariela Ivanier, estaban conspirando al servicio de Paul Singer y los fondos buitre.
 
Una acusación de perfil antisemita en la que confluyeron el experto informático Jorge Elbaum, vinculado con los servicios de inteligencia, y el abogado nacionalista Juan Labaké.

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