En ese breve escrito, que había descansado en el Ministerio de Justicia y en la Casa Rosada sin respuesta, Galeano había argumentado razones personales para pedir su alejamiento.
No hacía falta expresarlas porque era público que tras el fallo que absolvió a todos los acusados de la causa AMIA, el proceso de juicio político en su contra se aceleró. El tribunal le imputó ser parte de un plan del Estado para prefabricar pruebas contra los acusados. El Consejo de la Magistratura decidió entonces fijar la fecha del 30 de septiembre para citarlo y que haga su descargo.
La comunidad judía apoyó la idea del Gobierno de no aceptar la renuncia del juez, en el entendimiento que era ofrecerle una salida fácil con lo que evitaba que lo consejeros analizaran su conducta. No obstante, al presentarla quedaba expuesto a perder sus fueros, que le dan inmunidad ante un hipotético arresto. No es un dato menor, considerando que la Justicia investiga a Galeano desde hace cuatro años, que la Oficina Anticorrupción pidió su declaración indagatoria y que, ahora, la Unidad Especial de Fiscales creada para la causa AMIA analiza hacer lo mismo.
Pero Galeano le hizo saber al Presidente que se hartó. Sospecha, incluso, que fue traicionado. Es que antes de presentar su renuncia había enviado señales al Poder Ejecutivo para asegurarse de que ésta iba a ser aceptada, como sucedió con la de los jueces de la Corte Adolfo Vázquez y Guillermo López. Sus allegados cuentan que le dijeron que sí. Pero ello nunca ocurrió.
En el entorno íntimo del juez sospechan que, a último momento, pudo haber pesado la opinión de Cristina Fernández de Kirchner para que la renuncia no fuera aceptada.
Ahora el juez decidió retomar la iniciativa. Presentó un escrito dirigido a Kirchner en el que retira su dimisión. Sus colaboradores dejaron trascender que el Código Civil lo permite. Sostuvo Galeano que la dilación sólo sirvió para exponerlo como una persona que no quiere afrontar sus responsabilidades. La retractación, por lo tanto, representa para él un gesto de dignidad y un desafío al Gobierno.
Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION