Itongadol/Agencia AJN.- Funcionarios que participaban en la puesta en funcionamiento del Museo de la Corte Suprema hicieron un hallazgo histórico cuando mudaban parte del archivo del máximo tribunal: detectaron en el subsuelo del Palacio de Tribunales 12 cajas de madera de champagne.
Al abrir una de las cajas se detectó que se trataba de centenares de carnés del partido nazi en la Argentina, pasaportes y otros documentos que había llegado al país en 1941, como postales, fotos en blanco y negro y proclamas que buscaban consolidar y expandir las ideas de Adolf Hitler cuando ya había estallado la Shoá. A raíz de la relevancia que podía hallarse en esos materiales y los compromisos asumidos por la Corte Suprema, el resto de las cajas quedaron en custodia a la espera de su formal apertura.
Tras la preservación de la documentación, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ordenó llevar adelante un relevamiento de todo lo encontrado en base a la importancia histórica del hallazgo y la posibilidad de que contenga información crucial para esclarecer sucesos vinculados con la Shoá.
El viernes, en unos de los despachos del cuarto piso del Palacio de Tribunales, Rosatti encabezó la apertura de las cajas, en un acto en el que participaron el gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, el codirector ejecutivo del Museo de la Shoá, Jonathan Karszenbaum, y la investigadora del Museo Marcia Ras, además del titular del Centro de Asistencia Judicial Federal, Pablo Lamounan; la directora de Bibliotecas de la Corte Suprema, Jessica Susco; el director de la Oficina de Servicios Auxiliares, Marcelo Valente; y la licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales María de la Paz Podestá.
Para la AMIA se trata de «un momento histórico» y «un hallazgo que refuerza nuestro compromiso con la memoria colectiva y la lucha contra el odio antisemita», posteó su rabino.
El 20 de junio de 1941 llegaron 83 cajas enviadas desde la embajada alemana en Tokio a bordo del barco japonés “Nan-a-Maru”. La embajada alemana en la Argentina los había declarado elementos de uso personal para miembros de esa representación diplomática y reclamaba su libre despacho.
Sin embargo, la División de Aduanas y Puertos frenó el intento. “Teniendo en cuenta la elevada cantidad de las remesas en cuestión y en previsión de que los temas abordados en los referidos libros sean de una índole tal que puedan llegar a afectar la posición de neutralidad que el país ha adoptado frente a los acontecimientos europeos, me dirijo a V.E. solicitándole quiera servirse manifestar a este Departamento si, en su opinión, existiría o no algún inconveniente en dar al pedido de la Embajada de Alemania el trámite común a este tipo de solicitudes”, consultó el director de Aduanas, Carlos Acevedo, al canciller Enrique Ruiz Guiñazú el 28 de julio.
De inmediato tomó cartas en el asunto la Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentinas, creada en la órbita de la Cámara de Diputados para monitorear las actividades de individuos y organizaciones con ideologías y métodos contrarios a las instituciones republicanas y la soberanía argentina. A través de sus informes ahora se intenta reconstruir la historia.
El diputado radical Raúl Damonte Taborda, que presidía la comisión, pidió a la Aduana que le remitiera la información de las encomiendas. Los bultos pesaban casi 700 kilos.
El 8 de agosto, representantes de la Aduana, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión Investigadora eligieron cinco cajas al azar y las abrieron: se trataba de diversas encomiendas junto a publicaciones de “orden científico, literario y cultural que encuadran en las limitaciones de propaganda acordada con el Gobierno”.
Entre esos papeles había postales, fotos y material propagandístico del régimen nazi. Y miles de libretas: algunas de la Organización del Partido Nacional Socialista en el exterior, unas de color rojo de la llamada Unión Alemana de Gremios escritas en alemán y con una esvástica rodeada de un engranaje, otras libretas de color marrón oscuro que parecerían pasaportes y documentos que contendrían firmas de Hitler. También hay sobres de color rojo con documentos con ese mismo logotipo y fichas con nombres, apellidos y números de afiliación.
Los funcionarios nacionales resolvieron dejar detenidas las cajas hasta consultar con sus superiores. Los representantes de la embajada se abstuvieron de firmar el acta y se retiraron. Y días después, solicitaron que se autorizara que esos paquetes volvieran a su embajada en Tokio.
“Como solamente han sido abiertos cinco de los 83 paquetes, la comisión que presido considera indispensable para la mejor seriedad de estas diligencias abrir los 78 paquetes restantes –le escribió Damonte Taborda al ministro de Hacienda, Carlos Acevedo-. Sirve de fundamentos de esta opinión antecedentes que el señor ministro no podrá dejar de apreciar en todo su valor como ser, en primer término, que el contenido de las encomiendas abiertas está constituido en gran parte por material de propaganda antidemocrática y lesivo para las naciones con las cuales mantiene normal relación la República Argentina.”
El legislador presionó para desaprobar la devolución del material por “inconsistencias” por parte de la embajada en oportunidades anteriores, como cuando declaró como correo diplomático bolsas con un transmisor radiotelegráfico.
“Buenos Aires parece ser la plaza elegida para concentración del material de propaganda antidemocrática que luego se distribuye profusamente en otros países de América Latina”, sostuvo en uno de sus informes la Comisión Especial Investigadora.
La comisión pidió el secuestro de los bultos, el Ministerio del Interior rechazó la solicitud y la Cancillería lo respaldó. Entonces, la Comisión fue a la Justicia: el 13 de septiembre le pidió al juez federal en lo Criminal y Correccional Miguel Luciano Jantus que ordenara la incautación de las encomiendas. El magistrado solicitó más informes, “debiendo ser mantenida la mercadería” a disposición del juzgado.
Tres días después, el juez remitió las actuaciones a la Corte Suprema por tratarse de un trámite que involucraba directamente a otro país y, por lo tanto, de su competencia originaria.
No había registros de qué había pasado con ese material hasta que fue detectado por casualidad en el subsuelo del Palacio de Tribunales.
Valente comenzó a investigar y detectó que se trataba de efectos vinculados a esa vieja causa. La información fue elevada a Lamounan, quien dispuso la inmediata preservación del material.
También ordenó que fuera trasladado a una sala del cuarto piso especialmente acondicionada, con cámaras de seguridad y custodia policial.
Los investigadores comenzarán a evaluar la documentación priorizando su cuidado. El inventario llevará semanas. El objetivo será un minucioso relevamiento de todo lo encontrado a los fines de evaluar, en el contexto de su relevancia histórica, si contiene información crucial para esclarecer sucesos vinculados con la Shoá. Al mismo, permitirá establecer si las pistas que aporten las piezas halladas pueden ser útiles para echar luz sobre aspectos desconocidos, como la ruta del dinero nazi en el mundo.