Itongadol/Agencia AJN.- La existencia misma del Estado de Derecho, tal como hoy lo conocemos, se asienta esencialmente en la concepción del hombre como un ser libre y dotado de todos los derechos, y que para poder gozar de ellos y evitar la lucha de todos contra todos que llevaría inexorablemente a la prevalencia del más fuerte, renuncia al derecho de hacer justicia por mano propia para confiarlo al Estado, el que así asume el deber de solucionar los conflictos de intereses que se presenten en la convivencia.
Son las ideas propias del iluminismo y la filosofía de la ilustración. Como siempre sucede con los modelos teóricos, plantean un ideal que, como tal, no se presenta en la realidad, sino que se erige como una meta para alcanzar.
La paz no aparece así como un simple estado de quietud o de ausencia de conflicto, sino como un objetivo que demanda innumerables cursos de acción para, como dice nuestro preámbulo, afianzar la justicia.
El lema de esta convocatoria “Unidos por la Paz” no se presenta como propio de un acto protocolar más, sino como un espacio de reflexión y profundo compromiso institucional, que se proyecta no sólo al plano interno sino también al internacional.
El sociólogo Johan Galtung enseñaba que existe una “paz negativa”, que es apenas la suspensión de las armas, y una “paz positiva”, que implica la erradicación de las causas del conflicto, como lo son la ignorancia, la exclusión y el miedo al diferente.
Como funcionarios del Estado, nuestro deber es garantizar esa paz positiva. Y esa tarea es imposible si la acción pública se divorcia del saber.
La Universidad Ben-Gurión del Néguev nació bajo la premisa de que el desierto puede florecer a través de la ciencia.
Hoy, ese concepto adquiere una dimensión humanista trascendente: debemos hacer que florezcan los desiertos del entendimiento humano.
Esto exige aceptar que estar “unidos” no significa pensar igual. La uniformidad es propia de los autoritarismos; la unión en la diversidad es el patrimonio exclusivo de la democracia.
Estar unidos por la paz significa consensuar las reglas del disenso, abrazar la pluralidad y entender que el dolor del otro, sea cual sea su origen, credo o bandera, nos interpela a todos por igual.
Y para esto nada mejor que la ciencia y la educación superior, pues tienen la capacidad única de hablar un lenguaje universal.
En la Procuración General de la Nación, dentro del marco de nuestra misión constitucional de defender la legalidad, hemos adoptado distintos cursos de acción tendientes a contrarrestar aquellas manifestaciones criminales que más amenazan la paz, como lo son el terrorismo y los extremismos violentos.
La experiencia adquirida a partir de los dos atentados terroristas de magnitud que sufrimos, como lo fueron los ataques a la Embajada de Israel y la AMIA, señalaba la necesidad de dotar al sistema de justicia de una estructura permanente y especializada para abordar con eficacia esos fenómenos criminales de alta lesividad, tanto en la faz preventiva como represiva.
A ese fin fue creada la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional al poco tiempo de asumir mi gestión, que llevan adelante los doctores Juan Manuel Olima Espel y Armando Antao Cortez.
Y no es casual que estos funcionarios estén al frente de esa Secretaría. Con el Dr. Olima, dentro de los ya más de 25 años de carrera compartida, hemos trabajado en la causa del atentado a la Embajada de Israel, y el Dr. Antao Cortez se ha desempeñado anteriormente como colaborador del Dr. Nisman en el caso del ataque a la sede de la AMIA.
Esta Secretaría, con base en el estudio de las conclusiones y recomendaciones de organismos internacionales, ha ido construyendo un criterio único, estable y acumulativo en la materia, mediante la redacción de protocolos escritos de actuación, diferentes modelos de análisis y una metodología que cualquier fiscal puede aplicar, con independencia del caso en particular.
El trabajo que así se viene realizando ofrece previsibilidad institucional, procurando asegurar estándares de eficiencia y fortaleciendo en definitiva la confianza en el sistema de justicia.
Por otra parte, la incorporación a la práctica fiscal de los modelos de radicalización para su análisis permite intervenciones antes que el hecho violento se consume y así evitar sus consecuencias.
Además de los canales de coordinación con los organismos de seguridad, esta Secretaría relaciona a nuestro país con el mundo a través de sus vínculos con organismos tales como la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Interpol y GAFILAT, entre otros, dando lugar a redes donde la información fluye entre jurisdicciones reduciendo los espacios que el terrorismo internacional puede explotar entre fronteras.
En definitiva, se procura previsibilidad en los distintos planos que esta problemática presenta. Un Estado que actúa con el mismo criterio, más allá del caso y sus circunstancias, refuerza su confiabilidad y la de sus instituciones.
Esa confianza institucional es la síntesis de los aportes de esta Secretaría.
Y así seguiremos, día a día tratando de dar respuesta a esta forma de criminalidad que es esencialmente dinámica, en la inteligencia de que la paz no es una utopía pasiva para contemplar, sino una política de Estado para ejecutar.