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La oficina de la Fiscalía Estatal entregó hoy una apelación a la Corte Suprema para demorar tres meses la demolición de los puestos de Ulpana.
El Estado está pidiendo una nueva discusión del tema que llevó a que se ordene la evacuación de 30 hogares en Cisjordania para el primero de mayo debido a que fueron construidos en tierras clasificadas como propiedad privada palestina.
El gobierno había prometido originalmente a la corte que arrasaría con los asentamientos, pero en la apelación enviada hoy, el estado pide que se entreguen 90 días más para volver a presentar su posición, y que se congele la demolición, a la espera de esta decisión.
La organización de derechos humanos Yesh Din, que ayudó a los reclamantes palestinos a entregar un petitorio contra el puesto en el 2008, apuntó contra el gobierno por no demoler el edificio de cinco departamentos en el que viven 30 familias como prometió.
El consultor legal del grupo, Michael Sfard, dijo hoy que el gobierno de Israel le había declarado la guerra a la decisión de la ley y de la corte. Además agregó que ningún ciudadano privado podría abrir un caso sobre el cual ya se hizo un pronunciamiento y que el pedido estatal de demorar la demolición de Ulpana rompe todas las reglas del juego.
“Para ayudar a los colonos a robar tierras palestinas, el gobierno está listo para aplastar los principios básicos sobre las que se basa la sociedad israelí”, dijo Sfard.
El vice premier de Israel, Silvan Shalom, visitó el barrio localizado en las afueras del asentamiento Beit El hoy y habló con residentes locales. Destacó que espera que se encuentre una solución legal que permita que los residentes de Ulpana se mantengan en sus hogares, pero si esto no ocurre se podría aprobar una legislación que legalice el asentamiento.