El movimiento islámico Hamás está interesado en mantener los contactos entre las instituciones de gobierno en Gaza e Israel, según su portavoz Fawzi Barhoum.
El portavoz dijo al diario israelí «Haáretz» que su grupo, que ahora controla toda la franja, quiere salvaguardar estos contactos para poder «atender las necesidades de la población civil».
Israel provee a la franja de Gaza de agua y electricidad, y controla todas las fronteras por las que entra el abastecimiento de medicinas, alimentos y gasolina.
Por el momento se desconoce la postura de Israel sobre los acontecimientos en los territorios palestinos y si colaborará con una organización, Hamas, con la que hasta ahora se negaba a dialogar pero que ahora controla la banda mediterránea, con más de un millón de habitantes.
La milicia islámica Azedin Al-Kasam completó en las últimas horas su control sobre toda la franja con la ocupación de los últimos baluartes de Al-Fatah en la franja y la toma del complejo presidencial.
El presidente palestino, Mahmud Abás, respondió con la disolución del Gobierno de unidad nacional, medida rechazada por el primer ministro de Hamás, Ismail Haniye.
Los palestinos amanecieron hoy con una realidad que les es totalmente desconocida, en la que Cisjordania responde a una autoridad, la del presidente, y Gaza a la de otra, la de Haniye.
Para Israel la situación no es menos compleja, ya que una parte de la responsabilidad sobre la población palestina en Gaza le corresponde, al controlar todas las vías de acceso menos una, la de Rafah, en la frontera con Egipto.
Fuentes políticas israelíes dijeron a «Haáretz» que el Gobierno del primer ministro, Ehud Olmert, podría desbloquear fondos a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), ahora que Abás ha disuelto el Gobierno de unidad nacional.
Se trata de fondos que provienen de impuestos y tasas de aduanas recolectados por Israel en virtud de los acuerdos económicos de París de 1995.
Israel se negaba a entregar ese dinero a la ANP con el argumento de que Hamás podría emplearlo en la compra de armas y el pago de sueldos a milicianos, un argumento que se diluye una vez disuelto el Gobierno palestino.