La investigación del atentado terrorista a la AMIA incorporó una nueva intriga. El fiscal Marcelo Martínez Burgos será indagado el jueves, acusado de los delitos de presunto tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y, posiblemente, cohecho. Se trata del adjunto de la fiscalía especial creada para investigar el ataque terrorista. Es decir, el segundo de Alberto Nismann, el fiscal que firmó un dictamen de 900 páginas acusando al estado iraní de haber planificado y ejecutado la voladura del edificio de la AMIA en la calle Pasteur, aparece como sospechoso de integrar una operación pensada por Irán para torcer la investigación de Nismann, una maniobra que no sólo tendría tinte jurídico sino una variante comercial. De allí que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral quiera indagar sobre un supuesto pago de coimas. El magistrado es quien firmó la captura internacional contra autoridades del Estado iraní, entre ellas el ex presidente Alí Rafsanjani y el ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Alí Akbar Velayati. Ese pedido ya obtuvo el consentimiento en Lyon, Francia, de Interpol. Canicoba Corral fue el único juez que se atrevió a declarar como un delito de lesa humanidad la explosión que provocó la muerte de 85 personas en 1994. Martínez Burgos está con licencia médica desde el 9 abril pasado afectado de un pico de presión. Ese permiso se lo otorgó Nismann y vence mañana. Antes que declare el fiscal, hará lo propio Juan Martín Cerolini, el abogado que llevó adelante la estrategia de la Embajada de Irán para intentar alejar la investigación contra su Estado y volver a concentrarla en la supuesta «conexión local» del atentado. La estrategia judicial tuvo otro matiz que fue adelantado en exclusiva por este diario a fines de febrero. El plan ya no era pleitear en el juzgado en defensa de los funcionarios acusados sino quebrar la credibilidad de la acusación produciendo una crisis política entre los magistrados que intervienen en la investigación. El objetivo: promover la renuncia de Martínez Burgos y dar a entender a través de ella una disidencia general con los argumentos empleados para acusar al gobierno de Irán. Contacto La vía de la embajada para llegar hasta Martínez Burgos habría sido el mismo Cerolini, es decir, el abogado que quedó descartado de la estrategia inicial cuando Teherán resolvió no contratar a ningún abogado para defender a sus funcionarios. «Si se quiere, es lógico: Cerolini y Martínez Burgos mantienen una vieja relación amistosa que abarca hasta lo familiar. Menos lógico resulta que Martínez Burgos se haya expuesto, como al parecer lo hizo, a una seguidilla de contactos de frecuencia creciente, en general llevados a cabo en el lobby del hotel Hilton de Puerto Madero, ante la mirada de todo el mundo», detalló este diario. Otros de los aspectos sobre los que avanzaráCanicoba Corral, es establecer el grado de veracidad de una supuesta versión de Cerolini para explicar los encuentros con el fiscal Martínez Burgos. Esos encuentros habrían estado motivados en un supuesto pedido de auxilio del fiscal que temía por su vida. La inquietud se disparó cuando los fiscales Nismann y el propio Martínez Burgos firmaron el pedido de captura de los ex funcionarios y diplomáticos iraníes. Teherán los amenazó con iniciar una causa a ambos fiscales porque en ese país está prohibido desacreditar a Irán. El abogado habría calmado al fiscal luego de consultas con representantes iraníes que le aseguraron que Irán no tenía planeado atacar a nadie.
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