La recomendación fue hecha el miércoles por el secretario general de la Confederación Israelita de Brasil (Conib), el abogado Fernando Lottenberg, quien indicó que «aquel que se sienta con su derecho perjudicado, que recurra al Poder Judicial».
El dirigente comunitario explicó que los casos deben ser resueltos en forma individual, ya que un pedido de la Conib para una dispensa generalizada ante la máxima autoridad del comicio, el Tribunal Superior Electoral (TSE), no fue acogido.
«El TSE dijo que no era él quien debía decidir, sino los jueces regionales. Se lavó las manos», dijo Lottenberg a Reuters, indicando que existen precedentes que hubieran justificado una decisión favorable.
Unos 100 brasileños de religión judía fueron llamados a fiscalizar las elecciones generales del 1 de octubre, en las que el país más rico y poblado de América Latina elegirá presidente y vice, además de 27 gobernadores, 513 diputados, 27 senadores y 1.059 legisladores estatales.
Brasil cuenta con la mayor comunidad judía de la región después de Argentina, con unos 180.000 miembros.
El Iom Kipur, o Día del Perdón, día sagrado para el judaísmo, se iniciará este año con el crepúsculo del 1 de octubre, prolongándose hasta el atardecer del día siguiente.
El judaísmo lo considera una jornada de aflicción del alma, en la que no se ingiere agua ni alimentos.
La Conib dijo que el TSE consideró que una respuesta positiva a su pedido hubiese sentado un precedente para solicitudes similares de otros credos.
Lottenberg indicó, en una entrevista telefónica, que presentaciones judiciales ya realizadas por integrantes de la comunidad para no comparecer como fiscales al acto eleccionario tuvieron «respuestas divergentes».
«Jueces electorales de la ciudad de Sao Paulo han dado diferentes respuestas. Algunos han liberado el trabajo a partir de las 15.00 hora local (1800 GMT), otros no; han dicho que es un deber cívico que está por encima de la libertad de cultos», indicó el dirigente.
Algunos otros magistrados acogieron pedidos de amparo presentados por brasileños de religión judía, quedando así eximidos de su labor electoral.
La no comparecencia de un fiscal electoral está sujeta a sanciones legales y multa de 350 reales.
Jueces electorales regionales deberán pronunciarse además sobre si liberan escuelas que sean sinagogas y que fueron solicitadas por la justicia electoral para ser usadas como centros de votación.