Itongadol/AJN.- Paradojas del destino, el sorteo informático realizado hoy, viernes, por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal determinó que la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionario y dirigentes políticos por supuesto encubrimiento de los iraníes imputados por el atentado a la AMIA recayera en el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Ariel Lijo, tal y como el primero había querido, el 14 de enero de 2015.
El extinto funcionario la había radicado en esa dependencia porque entendía que guardaba conexidad en los hechos y el blanco del ataque con la que el juez instruía contra su ex colega Juan José Galeano, el ex mandatario Carlos Menem, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex secretario de inteligencia Hugo Anzorreguy y otros por el mismo delito, pero Lijo se declaró incompetente y envió la denuncia a sorteo, que se la asignó a Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, quien ayer, jueves, fue apartado de la misma por un fallo unánime de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
La acusación por encubrimiento por favorecimiento personal agravado de los imputados iraníes como autores ideológicos del atentado a la AMIA, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con Irán también involucra al ex canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche.
Lijo es el responsable de que hace casi un año y medio se lleve a cabo un juicio oral contra trece imputados por el pago ilegal de 400.000 dólares de fondos reservados de la desaparecida Secretaría de Inteligencia de Estado al último poseedor conocido de la camioneta-bomba, Carlos Telleldín, a través de su entonces concubina, Ana María Boragni, para que éste firmara la indagatoria en la cual afirmó que les había entregado la Trafic a policías bonaerenses, y por la presunta protección oficial del sospechoso empresario descendiente de sirios Alberto Jacinto Kanoore Edul, pero recientemente fue separado de esa causa por desobedecer las órdenes de una sala ad hoc de impulsar la investigación contra los entonces secretarios de Galeano, mientras que tampoco había progresado la pesquisa respecto del ex ministro del Interior menemista Carlos Corach.
Por otra parte, el actual juez había sido secretario de la fallecida presidenta de la Cámara Federal María Luisa Riva Aramayo, quien tuvo un rol fundamental en la concreción de esa declaración paga.