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Hatzad Hasheni: ¿Cómo debería defenderse Israel de la Corte Penal Internacional (CPI)?

Por Iton Gadol
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Por Dr. Manfred Gerstenfeld (BESA)*

RESUMEN: La Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya posee un historial abismal. Tiene en su haber muy pocas condenas y sin embargo, en los 17 años de su existencia se ha gastado más de 1.5 billones de dólares. La decisión por parte de la CPI de investigar supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel es, en gran medida, un fallo político. Israel debe confrontar a la corte exponiendo que sus múltiples deficiencias superan con creces sus propios méritos.

En 1998, un grupo de líderes del mundo adoptó el tratado llamado Estatuto de Roma, el cual creó la Corte Penal Internacional (CPI). Este tribunal independiente tenía como función juzgar y condenar a los responsables de crímenes de guerra. En el año 2002, la CPI comenzó sus actividades en La Haya, Holanda.

En marzo del 2014, Forbes informó que en los 12 años de existencia de la corte, esta obtuvo un gran total de dos condenas. Ambos eran señores de la guerra congoleños. El segundo de estos fue absuelto de cargos más serios imputados en su contra.

Para ese momento la CPI había acumulado gastos por encima del billón de dólares.

Es incorrecto denominar a la CPI como “tribunal”. Una mejor descripción sería “un centro de investigación y foro político para abogados que rara vez o nunca condenan a algún criminal de guerra”.

Para el año 2014, fue evidente que la CPI era un rotundo fracaso. Este ente desperdició inmensas cantidades de dinero público bajo la falsa pretensión de condenar a un gran número de criminales de guerra impunes.

En el año 2018, el diario Washington Post escribió que la CPI había completado el total de nueve casos en su historia. Dos resultaron en condenas y uno en una declaración de culpabilidad. Otros once casos aún se encontraban bajo investigación. La corte gastó cientos de millones de dólares más desde el año 2014.

Para el año 2020, la CPI está solicitando un presupuesto de más de $160 millones. Este emplea a 900 miembros de personal de los cuales 18 son jueces. Si la proporción de los gastos de la CPI y la cantidad de abogados respecto a las condenas e investigaciones fuese representativa, casi que no se impartiría justicia en el mundo.

Además de ser ineficiente, la CPI tiene otras fallas importantes. Todos y cada uno de los investigados hasta ahora provienen de algún país africano. Sin embargo, desde la creación del tribunal, cientos de miles de personas de muchos otros lugares del mundo han sido asesinadas o expulsadas de sus países como resultado de crímenes de guerra. La CPI no se ha preocupado por ninguno de estos casos.

Además, para ser totalmente creíble, un tribunal internacional debe emplear a fiscales y jueces provenientes de estados democráticos. El actual presidente de la CPI es Chile Eboe-Osuji de Nigeria, un estado que la ONG Freedom House (Hogar Libertad) clasifica como parcialmente libre y no-democrático. Este señala que la corrupción política sigue siendo endémica en ese país. Militantes y funcionarios de seguridad violan constantemente los derechos humanos de los ciudadanos nigerianos y las libertades civiles en Nigeria se ven socavadas por prejuicios religiosos y étnicos.

El Fiscal Jefe de la CPI Fatou Bensouda, proviene de Gambia. La ONG Freedom House no califica a Gambia como una democracia y afirma que el estado de derecho no está consolidado en dicho país. Bensouda fue ministro de justicia y fiscal general de Gambia desde el año 1998 hasta el año 2000 bajo la tutela del Presidente Yahya Jammeh, quien tomó el poder mediante un golpe de estado. Este es considerado un dictador brutal y le ha robado grandes sumas de dinero al país.

La CPI tampoco es una institución independiente. El embajador (ret.) Alan Baker, ex-asesor legal de la cancillería israelí y actualmente se desempeña en el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, escribe lo siguiente: Colocar parte del financiamiento de la CPI ante la merced política de la Asamblea General de la ONU socava y perjudica cualquier pretensión de independencia de la Corte. El financiamiento de la CPI, como cualquier otra acción que requiere de aprobación en la Asamblea General de la ONU es, necesariamente, un proceso impulsado por intereses políticos y económicos de sus miembros y sujeto a negociaciones políticas no relacionadas a las necesidades de la Corte. A pesar de las mejores intenciones de sus fundadores, la propia independencia e imparcialidad de la Corte fue defectuosa desde sus propios inicios al vincular constitucionalmente a la Corte con las Naciones Unidas.

Cuando el Fiscal de la CPI le solicitó a la Corte de la CPI que investigara al ejército estadounidense y a los profesionales del servicio de inteligencia que prestaron sus servicios en Afganistán, la Casa Blanca hizo una declaración condenatoria: “Los Estados Unidos se han negado sistemáticamente a unirse a la corte debido a sus amplios e inexplicables poderes y procedimientos legales; a la amenaza que representa para la soberanía nacional estadounidense; y otras deficiencias que lo hacen ilegítimo. Cualquier intento de perseguir judicialmente al personal estadounidense, israelí o aliado para su enjuiciamiento se encontrará con una respuesta rápida y vigorosa”. Anteriormente, los Estados Unidos anunciaron que no se le emitiría ninguna visa al personal de la CPI que investigaba a su país. Los jueces de la CPI rechazaron por unanimidad la solicitud del Fiscal acusador de la CPI para realizar una investigación al ejército de los Estados Unidos.

El anuncio de Bensouda de que la CPI tiene intención de investigar supuestos crímenes de guerra israelíes es tanto legal como político.

Las respuestas legales por parte de Israel a esta amenaza fueron muy profesionales. La cancillería y el Ministerio de Justicia de Israel han lidiado con la posibilidad de realizar una acción contra Israel en la CPI desde hace ya bastante tiempo y se han puesto en contacto con la CPI sobre el tema.

El Fiscal General Avijai Mandelblit dijo lo siguiente: Solo los estados soberanos pueden delegar jurisdicción penal a la Corte Penal Internacional. La Autoridad Palestina claramente no cumple con estos criterios. La Corte no fue establecida para tales propósitos, ni tampoco posee la autoridad o capacidad para determinar tales asuntos, especialmente en ausencia del consentimiento de las partes.

Baker dijo: “Solo los estados soberanos pueden apelar a la corte y no existe un estado palestino soberano con un territorio soberano sobre el cual la corte pueda extender su jurisdicción”.

Sin embargo, en el aspecto político, las reacciones por parte de Israel han sido erráticas. El gobierno pudo haber preparado una fuerte reacción elaborada durante muchos meses, pero el Primer Ministro israelí Binyamín Netanyahu y el Ministro de Defensa Naftali Bennett recurrieron a denominar a la corte de “antisemita”. Esto puede que sea cierto si uno aplica la definición de antisemitismo propuesta por la Asociación Internacional para el Recuerdo del Holocausto a la decisión de la Corte, pero en gran medida esto es irrelevante. El antisemitismo no es el campo de batalla en el que debe conducirse la campaña política de Israel contra la CPI.

Elegir el tema palestino-israelí en lugar de decenas de otros casos incomparablemente más en la necesidad de ser investigados por la CPI fue una decisión política muy parcializada. Con el propósito de obtener relevancia, la CPI tiene que alejarse de África y Bensouda pensó que Israel sería un objetivo de ganar. La CPI por ende se definió a sí mismo como adversario político de Israel, si no enemigo.

Esta no es la primera vez que Israel se enfrenta a organismos internacionales que ocultan agendas políticas tras un procedimiento pseudo-legal. Un ejemplo de ello fue la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del año 2004 sobre el cerco de seguridad israelí. Otro se refirió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC), que le dio a la Comisión Goldstone un mandato parcial para investigar las acciones de Israel pero no las de Hamás.

Desde un punto de vista estratégico, la CPI debe ser confrontada como se confronta a un enemigo. Israel debería centrarse en publicitar vigorosamente que las deficiencias de la corte exceden ampliamente sus méritos obtenidos.

El proceso de exposición será mucho más rápido si Israel moviliza tantos aliados como sea posible que hayan llegado a una conclusión similar, incluyendo a los Estados Unidos. El exponer negativamente a la CPI será mucho más rápido que la investigación que pudiera realizar la corte sobre el conflicto palestino-israelí.

*El Dr. Manfred Gerstenfeld es Investigador Asociado Sénior en el Centro BESA y ex-presidente del Comité Directivo del Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén. Este se especializa en las relaciones entre Israel y Europa occidental, los temas sobre antisemitismo y anti-sionismo y además es el autor del libro ‘La guerra de un millón de cortes’.

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