Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Hoy, jueves, desde las 10.30 hs., declararán tres ex policías en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, uno de los cuales tuvo un rol fundamental en los irregulares allanamientos a propiedades de Alberto Jacinto Kanoore Edul, vinculado con el entonces presidente Carlos Menem y clave en la llamada “pista siria”.
El 31 de julio de 1994, el destituido juez Juan José Galeano ordenó ingresar a tres domicilios en la calle Constitución para arrestar al sospechoso y otras personas involucradas y secuestrar documentación, agendas, explosivos u otros elementos que pudiesen ser de interés para la investigación.
El responsable de los procedimientos era el ex comisario de la Policía Federal Jorge Palacios, entonces jefe de la División Operaciones Federales, pero las órdenes fueron dirigidas al Departamento Protección del Orden Constitucional (POC), a cargo de su par Carlos Castañeda, los tres imputados en la causa en debate.
El mandato judicial autorizaba los allanamientos a partir de la medianoche, pero el registro de Constitución 2695 recién se efectuó a las 17.20 hs., solo por parte del entonces oficial ayudante Claudio Camarero -según el acta y con la presencia de los testigos Francica y Abdala Nasra; allí se arrestó a Kanoore Edul y se secuestraron dos agendas, un anotador, diez casetes de audio, etc.
Pese a que la lógica y la práctica policial indican que los procedimientos debían ser simultáneos, para evitar evasiones u ocultamientos de pruebas, el de Constitución 2745 fue llevado a cabo a las 19.30 hs. y solo por el entonces principal Carlos Salomone -según las constancias-, pero con los mismos testigos; tras una “minuciosa requisa del inmueble” nada se incautó.
Finalmente y en forma inexplicable, no se ingresó a Constitución 2633, “por tratarse del domicilio y comercio del padre” y “debido al resultado obtenido en las restantes” incursiones, según quedó asentado en el expediente.
Salomone, quien debía comparecer la semana pasada, pero recién fue notificado horas antes, explicó que tenían que “esperar la orden” del POC para proceder y que actuaron ni bien la recibieron por un teléfono celular, aunque no recordaba quién se la dio; ello a pesar de que Palacios se encontraba allí.
Éste está acusado de haber llamado a Kanoore Edul, quizá para advertirle de los allanamientos, pero negó haberlo hecho e informó que ese aparato lo usaba su subordinado, pese a que hay evidencias en contrario.
Galeano aceptó que todo lo relatado ocurriera sin quejarse, ni denunciarlo; según los acusadores, recibió una orden en ese sentido de Menem, a través de su fallecido hermano Munir.
El otro testigo vinculado con este segmento de la causa es el entonces principal de la Policía Federal Jorge González.
En 2003, en el juicio oral anterior, sostuvo que Palacios actuaba en forma autónoma “porque tenía una relación directa con el juez por haber trabajado con anterioridad causas de narcotráfico”.
También están imputados en la supuesta protección a Kanoore Edul el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, y su segundo, Juan Carlos Anchézar, debido a la desaparición de comprometedores casetes de escuchas telefónicas.
En cambio, el comisario general retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ángel Ramírez declarará por un tema totalmente distinto: un jueves de julio de 1996, después de la detención de varios subordinados por el atentado a la AMIA y otros delitos conexos, asistió a una reunión en el juzgado junto con los entonces director general de Investigaciones, comisario general Armando Calabró; subsecretario de Seguridad, Alejandro Pérez Cárrega; y fiscal Eamon Mullen.
En esa oportunidad, Galeano les hizo escuchar la grabación de una conversación entre dos supuestos policías bonaerenses en la que se hablaba de una Trafic y una gente de Tigre y le encomendó al segundo que iniciara una investigación con carácter de muy urgente, ya que una de las voces pertenecería al suboficial Juan Carlos Nicolau y la otra, a una persona de nombre Juan, que podía ser Juan Carlos Ribelli, hermano de Juan José, imputado y luego sobreseído como cabecilla de la “conexión local” del ataque, pero también se investigó a su compadre, Carmelo Juan Ionno.
Para ello le dio solo 72 horas porque pensaba incluirla en el auto de procesamiento y prisión preventiva de los policías bonaerenses, que dictaría ese lunes.
El procedimiento incluyó convocatorias engañosas, filmaciones subrepticias y breves detenciones, que fueron denunciadas como abusivas, si no ilegales.
Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento y espera ser juzgado por violación de secretos de Estado, y el ex espía Antonio Stiuso, cuya negativa a declarar ante la Unidad Fiscal genera gran incertidumbre en querellas y defensas.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar dos años, reúne dos causas: la mencionada interrupción de la investigación contra Kanoore Edul, el pago ilegal de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado a Telleldín para que acusara -se presume que falsamente- a los policías bonaerenses y otros delitos que habrían cometido Galeano y los ex fiscales Mullen y José Barbaccia.
Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y Anzorreguy, mientras que solo por el segundo también se acusa a estos últimos, el ex espía Patricio Finnen y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, y a Telleldín y sus entonces concubina, Ana María Boragni, y abogado, Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.
En cambio, por haber fallecido no es juzgado el ex espía Alejandro Brousson.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Alberto Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.
La causa había recaído originalmente en el TOF 3, que realizó el juicio anterior, así que volvió a sortearse y le tocó al TOF 2, cuyos miembros sufrieron numerosas recusaciones o excusaciones que demoraron por años el inicio del debate.