El panel concluyó que las operaciones del Ejército «no se desarrollan en un vacío judicial» sino que hay «normas legales», nacionales e internacionales que «estipulan reglas sobre cómo usar el material de guerra».
Además, remachó que «la obligación de un mando militar no se agota en evitar daños a la vida y la dignidad de los residentes» sino que además tiene el deber de procurar de manera activa la protección de «la vida y la dignidad de los residentes, con las limitaciones del tiempo y el lugar».
Los jueces responden así a una petición presentada hace dos semanas por cuatro asociaciones de defensa de los derechos civiles, Médicos por los Derechos Humanos, Centro Hamoked para la Defensa del Individuo, Asociación por los Derechos Civiles en Israel y BTselem.
Las cuatro organizaciones acudieron al Tribunal en protesta por la operación israelí en Rafá (Gaza) y pidieron que el Ejército suministrara a los residentes agua, electricidad, alimentos y medicinas y permitiese el paso de las ambulancias para evacuar a los heridos y para trasladar y enterrar a los muertos.
Además, la semana pasada, el presidente del tribunal declaró que la Justicia debe garantizar que la guerra contra el terrorismo y los medios que utiliza respetan el marco del Estado de Derecho.