Gracias a una serie de vacíos legales, Irán cambió el nombre a una docena de barcos de carga en el último año en su intento de eludir las sanciones por las transferencias de armas y el suministro de equipos relacionados con armamentos nucleares.
El dato fue revelado por un nuevo estudio publicado hoy lunes por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) que incluyó un análisis de los incidentes de las transferencias ilícitas de armas y drogas en los últimos años.
Según el informe, la Shipping Lines de la República Islámica de Irán modificó el nombre a un total de 90 de sus 123 barcos desde 2008.
La compañía también modificó la bandera a un porcentaje significativo de su flota, que salieron de la lista de las 100 mejores flotas del mundo en abril pasado.
Incluso llegaron a ser clasificados como los contenedores más grandes en el mundo.
Israel capturó un importante un número de naves que llevaban armas iraníes a grupos terroristas en la región en los últimos años.
La semana pasada, The Jerusalem Post informó sobre los esfuerzos del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Benny Gantz, para conseguir el apoyo de los países de la Unión Europea para colaborar en la lucha contra el contrabando de Irán en la región.
Gantz planteó la cuestión con sus pares europeos en una reunión en la sede de la OTAN a principios de este mes.
En marzo pasado, los comandos de la Marina se apoderaron del buque Victoria, que transportaba 50 toneladas de armamento a Hamas en la Franja de Gaza. El barco era propiedad de una empresa alemana y fue con bandera de Liberia.
A finales de 2009, la Armada capturo la Francop que transportaba cientos de toneladas de armamento con destino a El Líbano, donde opera Hezbollah.
Hugh Griffiths, uno de los autores del informe y experto en tráfico de armas del SIPRI, dijo que “no es un juego constante del gato y el ratón que se está reproduciendo y señaló que el cambio de nombre y de bandera de los buques es una manera de tratar de evitar la inspección debido a las sanciones".
El informe, dijo Griffiths, fue la culminación de dos años de trabajo que permitió crear una base de datos de los incidentes marítimos y actividades ilícitas.
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