Las peticiones fueron formuladas por abogados palestinos en representación de la Asociación de Médicos por los Derechos Humanos y la Media Luna Roja debido a la crisis reinante en Cisjordania y Gaza por la ocupación militar israelí.
En caso de estallar una guerra de Estados Unidos contra Irak, existe el temor de que ese país árabe, como ya hizo en 1991, vuelva a atacar Israel con misiles balísticos, en cuyo caso existe el riesgo de que alguno pudiera caer en Cisjordania o en Gaza, con más de tres millones de habitantes.
El abogado del Estado israelí Shai Nitzán había pedido anoche al Tribunal Superior que rechazase esas peticiones pues se trata de territorios autónomos bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y es ésta la que debe proporcionar esas máscaras y servicios de emergencia a la población civil.
La jueza Dalia Dorner dijo que la ANP está en funciones y por tanto es su deber proteger a los palestinos residentes en las zonas autónomas de Cisjordania y Gaza.
Israel, en cambio, tendrá que hacerlo con los palestinos residentes en la «zona C», un 60 por ciento de Cisjordania, en la que ejerce un control absoluto.
Nitzán sostuvo que el Gobierno de este país está transfiriendo fondos recaudados en concepto de impuestos a favor del Gobierno palestino y por tanto cuenta con los medios para adquirir y distribuir las máscaras. Según el abogado, la ANP no tiene interés en distribuir máscaras antigás.
Uno de los jueces del Tribunal dijo que si existiesen evidencias de que el Ejército israelí impide la distribución de esas máscaras, entonces se justificaría la demanda de los palestinos.
Uno de los abogados de las organizaciones solicitantes, Mohamed Dahli, dijo que «el fallo del Tribunal Supremo es decepcionante, ya que creo que Israel, como potencia ocupante en los territorios palestinos, no puede desentenderse de su responsabilidad». EFE ez/ah/jal
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