Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner centró su testimonial de ayer, jueves, en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, en empatizar con los deudos de las víctimas y criticar a la dirigencia comunitaria, ya que “los familiares perdieron a sus seres queridos y la AMIA, solo un edificio, ladrillos”.
La muy esperada declaración fue limitada por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 a su condición de integrante de la desaparecida Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la Embajada de Israel y el Edificio de la AMIA, entre 1996 y 2001, y pese a haber sido denunciada por proteger a los imputados iraníes como autores ideológicos de este último ataque terrorista por el fallecido Alberto Nisman, entonces a cargo de la Unidad Fiscal.
La ex mandataria fue acusada de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con la República Islámica, junto con su canciller, Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche.
La testigo contó que la comisión mantenía entrevistas habituales con deudos y directivos, pero los diferenció, ya que “lo único comprensible de toda esta historia es la actitud de los familiares”, que “eran muy críticos de la investigación y decían que la AMIA y la DAIA no estuvieron a la altura de las circunstancias”, mientras que la dirigencia comunitaria hacía una “defensa a rajatabla, cerrada y monolítica de (el destituido juez Juan José) Galeano y los fiscales (por entonces Eamon Mullen y José Barbaccia) y se negaba a considerar que pudieran existir errores o desvíos”.
Incluso “ninguno de los tres fiscales, incluido Nisman, tenía críticas” al desempeño del juzgado, subrayó.
Cuando la defensa del ex presidente de la DAIA Rubén Beraja trató de refutarla con la denuncia de veinte irregularidades presentada por las entidades, Fernández le respondió que ellas estaban dirigidas a los organismos de inteligencia y seguridad y a la Dirección de Migraciones y otras dependencias del Poder Ejecutivo, pero no a los magistrados.
Asimismo, recordó una reunión, antes de 2000, en una confitería con Diana Malamud y Laura Ginsberg, que todavía integraba Memoria Activa, quienes le transmitieron que desconfiaban del juez y denunciaban que no tenían acceso al expediente, entre otras irregularidades procesales.
Previamente, la ex mandataria explicó que la comisión “se creó porque había demandas públicas de la sociedad sobre la marcha de la investigación”, de las cuales “los familiares llevaban la voz cantante”, y que su función era de “seguimiento y contralor” de la pesquisa, en el marco de los cuales citaban a testigos y funcionarios, realizaban recomendaciones no vinculantes, etc.
La mayor parte del tiempo la integraron los fallecidos Carlos Soria -generalmente su titular- y Melchor Cruchaga, Juan Pablo Cafiero y Marcelo Stubrin, algunos de los cuales “hablaban con Galeano con más frecuencia que otros por razones institucionales”, admitió.
La Bicameral emitió tres dictámenes -en 1997, 1998 y 2001-, el primero y el último de los cuales la testigo firmó en disidencia, que solían incluir “críticas a los organismos de seguridad e inteligencia”, si bien “tendría que haber tenido una actitud más neutral; no tenía que apoyar al juez, las instituciones o los familiares, sino buscar la verdad”, reprendió.
La ex Presidenta especificó que se manejaban dos hipótesis de por qué la Argentina había sufrido dos atentados: la decisión de formar parte de una coalición occidental en la primera Guerra del Golfo y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia nuclear con Irán.
Con el tiempo advirtió que en la causa “había cosas que no pasarían el filtro de un juicio oral”, como los testigos de identidad reservada, y cuestionó la preocupación de sus colegas porque lo importante “no era que la investigación no se cayera, sino saber la verdad”.
En gran parte, Fernández arribó a esa conclusión tras el testimonio del ex prosecretario Claudio Lifschitz, en 2000, que fue “un parteaguas”, ya que con él se “unían las piezas del rompecabezas” porque “era la primera persona que había tenido acceso al expediente” y denunciaba irregularidades y delitos cometidos en la instrucción que “confirmaban las sospechas que había desde 1999 sobre cómo estaba dirigida la investigación”.
Su relato “me pareció verosímil y preciso, y a las dos horas le pregunté a Soria si Galeano resistiría un careo y me contestó: ‘Ni cinco minutos’, pero no podrá corroborarlo porque ya no está”, reconoció.
Otro de los blancos predilectos de la testigo fue el ex juez -“era muy parco en sus expresiones y me costaba seguirlo”-, con quien tuvo tres reuniones: una en el Congreso, otra en su despacho y la tercera fue en 2000, con algunos secretarios, aunque no recordó si estaban los entonces fiscales.
Esta última se llevó en una sala del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py y fue breve y “borrascosa”, describió.
“Habían colocado un estrado y mesas alrededor, con una inmensa cantidad de expedientes; parecía una puesta en escena para impresionarnos con el volumen de la causa”, sospechó la ex mandataria.
“Agarré uno al azar y estaba lleno de fotografías de un taller mecánico, tomadas desde todos los ángulos; me pareció que se había hecho un trabajo para juntar papeles”, deslizó.
Tras ello, Fernández le preguntó a Galeano acerca de un supuesto llamado telefónico del hermano del imputado y entonces presidente, Carlos Menem, Munir, a través del cual se habría interesado por la situación del sospechoso empresario descendiente de sirios Alberto Jacinto Kanoore Edul, hijo de un amigo de la familia.
“Accedimos a ese conocimiento por intermedio de Lifschitz y quería confirmarlo con el propio juez; me dijo que lo no recordaba y le contesté que eso era inverosímil porque tenía a su cargo la causa más importante de su vida, la única que llevaba su juzgado, sobre el peor atentado sufrido por nuestro país”, tras lo cual el entonces magistrado se enojó y se fue, con lo cual se interrumpió abruptamente el encuentro y sus colegas se lo reclamaron, recordó.
Cuando le consultaron si también había chequeado esa versión con su antecesor, la testigo respondió que “no hablaba con Menem”, a quien curiosamente nunca criticó en forma explícita y en su afán de cuestionar al ex magistrado dijo varias veces que le habían dado todo lo que había pedido.
Por otra parte, informó que vio por televisión el video de la conversación entre Galeano y el último poseedor conocido de la camioneta-bomba, Carlos Telleldín, y aseguró que no estuvo en la reunión de la Bicameral en la cual éste fue exhibido.
En tanto, la ex mandataria conjeturó que firmó en disidencia el informe de 1997 y cuestionó que el imputado y entonces secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy se mostrara reticente a informar sobre la asignación de fondos de ese organismo en un contexto de rumores acerca del pago de 400.000 dólares al acusado para que acusara a los policías bonaerenses de haberse llevado la Trafic.
Si bien concedió que en la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado había “un grado de autonomización interna, muchas veces incontrolable, la SIDE era una sola y llama la atención que (su titular) no supiera” lo que ocurría respecto de la investigación del atentado.
Fernández también precisó que participó en tres reuniones informativas en este organismo: una en la sede de 25 de Mayo, con Anzorreguy, Antonio Stiuso y dos mujeres cuyo nombre ignora y que serían especialistas en terrorismo, otra en la base Coronel Díaz y una última sobre la cual no dio detalles, ya en el gobierno de la Alianza y ni bien había asumido Carlos Becerra al frente del mismo.
Un punto ríspido se produjo cuando la querella de los ex policías bonaerenses y las defensas de Galeano y Menem intentaron preguntar acerca de cuestiones que iban más allá de su actuación en la Bicameral, incluso cuando fue Presidenta, pero el tribunal no las admitió.
Fue curioso que uno de los planteos proviniera de Omar Daer, abogado del ex mandatario, ya que éste justamente se negó a declarar por razones de “seguridad nacional”.
La audiencia se caracterizó por la soltura con que la testigo manejó los tiempos, el contenido y los modos de su declaración, ante la anuencia del presidente del tribunal, Jorge Gorini, quien no impuso su autoridad, ni la interrumpió, al tiempo que la dejaba explayarse cuanto quería sobre los mismos tópicos y períodos que impedía que le preguntaran.
Entre el público se encontraban referentes del kirchnerista Frente para la Victoria como el jefe del bloque de diputados, Héctor Recalde, sus colegas Axel Kicillof (ex ministro de Economía), Diana Conti y Teresa García, el ex titular de Trabajo y legislador porteño Carlos Tomada, su ex colega Gabriela Alegre, los ex jerarcas de inteligencia Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, quien estuvo muy cerca de la “causa AMIA” como subsecretario de Política Criminal y responsable de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia, y los ex titulares de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Martín Sabbatella y de Radio y Televisión Argentina Tristán Bauer, además de la ya habitual presencia del ex abogado de la AMIA Luis Dobniewski.
Debido a que este jueves es feriado nacional, el debate se reanudará el 15 de diciembre, con la declaración secreta del espía Carlos Molina Quiroga y la probable ampliación de indagatoria de Galeano para responder preguntas de Gorini que dejó pendientes.