Tres décadas después de Oslo, la agitación regional, el terrorismo y la presión internacional ponen en duda su modelo basado en la negociación.
Itongadol/Agencia AJN.- (Por Alan Baker* – The Jerusalem Post) La pregunta que enfrentan hoy los responsables de formular políticas es si el tipo de acuerdo alcanzado mediante los Acuerdos de Oslo de 1993-1995 podría negociarse de manera realista en el actual entorno regional e internacional.
La respuesta depende no solo de la voluntad de las partes, sino también de si todavía existen los supuestos fundamentales que hicieron posible el proceso de Oslo.
Los Acuerdos de Oslo se construyeron sobre un principio claro y exclusivo: todas las cuestiones pendientes entre Israel y los palestinos debían resolverse mediante negociaciones directas.
Este compromiso fue expresado por primera vez en el intercambio de cartas de septiembre de 1993 entre el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, y el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, en el que la OLP se comprometió formalmente a resolver el conflicto de manera pacífica a través de negociaciones.
El mismo principio fue incorporado tanto en la Declaración de Principios de 1993 (Oslo I) como en el Acuerdo Interino de 1995 (Oslo II).
Las partes acordaron poner fin a décadas de confrontación, reconocer los derechos políticos legítimos de cada una y perseguir una paz justa y duradera mediante un proceso político consensuado.
Estos principios reflejaban normas internacionales más amplias plasmadas en la Carta de las Naciones Unidas, que enfatiza la resolución pacífica de disputas mediante negociaciones y otros mecanismos mutuamente aceptados.
También eran coherentes con las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, que llamaban a negociaciones destinadas a alcanzar una solución pacífica y duradera en Medio Oriente.
En consecuencia, el marco de Oslo estableció un proceso transitorio que conduciría a negociaciones sobre el estatus permanente.
Las partes también acordaron no adoptar medidas unilaterales que modificaran el estatus de los territorios mientras esas negociaciones estuvieran pendientes.
Por lo tanto, la negociación directa no era simplemente una opción entre muchas; era la base de todo el proceso de paz.
Es significativo que los Acuerdos de Oslo no contemplaran conferencias internacionales, intervenciones judiciales, soluciones impuestas ni campañas de reconocimiento unilateral. Tampoco autorizaban a terceros a determinar el resultado de las negociaciones. El supuesto subyacente era que solo un compromiso directo entre las partes podía generar la confianza necesaria para una paz y una convivencia duraderas.
Sin embargo, tres décadas después, una serie de acontecimientos internacionales, regionales y locales dificultó cada vez más el regreso a ese marco.
A nivel regional, el ascenso del extremismo respaldado por Irán y de movimientos yihadistas contribuyó a una creciente inestabilidad. Las voces árabes moderadas que alguna vez demostraron disposición a relacionarse con Israel enfrentan una presión cada vez mayor por parte de actores radicales.
Incluso los Estados que se sumaron a los Acuerdos de Abraham en 2020 operan hoy en un entorno estratégico marcado por la continua influencia iraní y la incertidumbre respecto de la respuesta occidental a las amenazas regionales.
En el plano internacional, la polarización política afectó cada vez más a las instituciones multilaterales. Regímenes radicales y autoritarios ejercen una influencia creciente dentro de organizaciones internacionales, promoviendo con frecuencia agendas que socavan los propósitos originales de esas instituciones.
Al mismo tiempo, los organismos jurídicos internacionales se politizaron cada vez más, y cuestiones legales controvertidas suelen abordarse a partir de conclusiones políticas predeterminadas en lugar de mediante análisis jurídicos imparciales.
Los procedimientos iniciados contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional son considerados por muchos como ejemplos de esta tendencia.
La política occidental también se vio afectada por corrientes ideológicas que influyen cada vez más en el debate público y en la formulación de políticas. Movimientos activistas progresistas, junto con una amplia financiación extranjera dirigida a instituciones educativas y culturales, promovieron narrativas que en ocasiones distorsionan las complejidades del conflicto árabe-israelí.
La masacre del 7 de octubre cambió las premisas de seguridad de Israel
Las realidades locales complican aún más cualquier regreso al modelo de Oslo. La masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 alteró profundamente las premisas de seguridad de Israel. La creencia de que las concesiones territoriales, las garantías internacionales y los mecanismos de supervisión externos podían proporcionar seguridad suficiente se debilitó gravemente. Para muchos israelíes, los acontecimientos del 7 de octubre demostraron que la responsabilidad última por la seguridad nacional no puede delegarse en actores internacionales.
Al mismo tiempo, la creciente presión internacional a favor de un Estado palestino inmediato elude precisamente el marco de negociación establecido por Oslo. Los acuerdos preveían que las cuestiones relativas al estatus permanente se resolverían mediante acuerdos directos entre las partes. Los esfuerzos de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales para reconocer un Estado palestino antes de las negociaciones prejuzgan cuestiones que fueron expresamente reservadas para la negociación. Tales iniciativas socavan los fundamentos contractuales del proceso de paz y erosionan aún más la confianza en las garantías internacionales.
Esta dinámica está estrechamente relacionada con la amplia promoción internacional de la llamada “solución de dos Estados”. Aunque el concepto se convirtió en un eslogan diplomático, nunca fue incluido en los Acuerdos de Oslo. Los acuerdos dejaron deliberadamente abiertos todos los arreglos de estatus final. Si el resultado eventual implicaría dos Estados, una federación, una confederación u otra fórmula, debía ser determinado exclusivamente por las propias partes. La transformación de la fórmula de los dos Estados, de una posible consecuencia negociada a una prescripción internacional predeterminada, se aparta de la lógica original del proceso de paz.
La situación se complica aún más por la ausencia de un liderazgo palestino unificado y con autoridad suficiente para actuar como socio negociador confiable. Al mismo tiempo, Israel enfrenta sus propios desafíos políticos y de gobernabilidad internos, que afectan la cohesión nacional y las percepciones internacionales sobre su estabilidad.
En este contexto, los Acuerdos de Abraham ofrecen un modelo alternativo y más alentador. Anunciados en 2020, estos acuerdos demostraron que los Estados árabes e Israel pueden establecer relaciones pacíficas, productivas y mutuamente beneficiosas basadas en intereses compartidos y en el compromiso directo. Los acuerdos enfatizan la coexistencia, el entendimiento mutuo, el intercambio cultural y la cooperación regional. Su éxito sugiere que es posible lograr avances significativos cuando las partes optan por la cooperación pragmática en lugar de la confrontación.
La lección central sigue siendo la misma. Los foros internacionales, los organismos judiciales y las iniciativas de reconocimiento unilateral nunca estuvieron destinados a reemplazar la negociación directa. Los esfuerzos por imponer soluciones desde el exterior pueden satisfacer intereses políticos de corto plazo, pero no pueden generar la confianza, la legitimidad y la aceptación mutua necesarias para una paz duradera.
Mientras los actores internacionales sigan eludiendo en lugar de fomentar la negociación, es probable que persista la inestabilidad. Una paz viable y duradera solo puede surgir del compromiso directo entre las propias partes.
Hasta que existan condiciones para esas negociaciones, Israel seguirá confiando principalmente en sus propias capacidades para proteger su seguridad y sus intereses nacionales.
*: Alan Baker fue asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y embajador en Canadá. Actualmente dirige el programa de derecho internacional del Centro de Jerusalem para la Seguridad y los Asuntos Exteriores.