Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- Ayer, jueves, Jorge Lucas, director de Contrainteligencia de la desaparecida Secretaría Inteligencia del Estado (SIDE) entre 1992 y 1999, completó su declaración como testigo en el juicio oral por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, en una audiencia sin público, tal como lo determinó el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2.
Ello marca un claro contraste con el debate anterior, sustanciado entre 2001 y 2004, cuando el TOF3 permitió que los periodistas y particulares interesados pudieran escuchar y ver los rostros de los espías convocados.
De todos modos, la medida no sorprendió, ya que los jueces habían adoptado la misma decisión en ocasión de la indagatoria del subsecretario de Inteligencia menemista Juan Carlos Anchézar y el ex agente Patricio Finnen, ambos imputados en este juicio.
No fue fácil conseguir información sobre la declaración del testigo por la reserva de las partes en virtud de la Ley de Inteligencia y el secreto de Estado, además de la advertencia al respecto del tribunal, reiterada en la audiencia por el presidente de esta quincena, Néstor Costabel.
La semana pasada y en cumplimiento de su habitual intención de que las sesiones no se prorroguen más allá de las 17 hs., los jueces interrumpieron el testimonio de Lucas tras las preguntas del fiscal ad hoc Miguel Yivoff, en una polémica decisión que conspiró contra la espontaneidad de sus dichos y le permitió consultar o asesorarse durante estos días, pese a que fue apercibido al respecto por el tribunal.
Hasta entonces se le habían hecho preguntas generales sobre la investigación del atentado y después algunas más puntuales, varias de las cuales respondió “no recuerdo” o de un modo diferente a como lo había hecho en el juicio anterior, sustanciado entre 2001 y 2004; por ejemplo, sostuvo que el destituido juez Juan José Galeano no les ordenó abandonar la línea de Alberto Jacinto Kanoore Edul, vinculado con el entonces presidente Carlos Menem y clave en la llamada “pista siria”, que le interesaba porque llevaba al agregado cultural de Irán, Mohsen Rabbani.
Es más, el ex director de Contrainteligencia de la SIDE ayer afirmó que agotó esa pesquisa sin resultados y que nunca condicionaron ni limitaron su trabajo, lo cual favorece a varios acusados; por otra parte, destacó que todo su trabajo se lo remitía a Anchézar.
A su juicio, Rabbani le encargó a Kanoore Edul la compra de la Renault Trafic blanca de Carlos Telleldín, aunque no lo pudo probar; en esa misma línea, vinculó al segundo con el ex médico presidencial Alejandro Tfeli por sus familias y el baldío donde llevaron un volquete después de dejar otro en la AMIA, ese 18 de julio de 1994.
Respecto de los ex policías bonaerenses, esta vez Lucas se amparó en que no los había investigado para no reiterar que los creía inocentes, como señaló en el juicio anterior; también se desligó del pago a este último para que los involucrara porque no intervino su área.
En tanto, aclaró que los casetes de escuchas telefónicas se desgrababan y devolvían a la Dirección de Observaciones Judiciales para su reutilización, salvo que el juzgado les informara que debían preservarlos, en cuyo caso se reintegraban con esa instrucción.
Pese a que también estaban citados Daniel Fernández, quien en 1994 trabajaba en la Dirección de Contrainteligencia de la SIDE y a fines del año siguiente pasó a la de Contraterrorismo, y el ex inspector del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la Policía Federal Marcelo Martín, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, cuando declarará este último, cuyo testimonio ya fue postergado dos veces, y el ex subsecretario de Exteriores de la SIDE Rodrigo Toranzo.