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AMIA/Encubrimiento. Mañana declaran otros tres ex policías federales por el segmento Kanoore Edul

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Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Mañana, jueves, desde las 10.30 hs., declararán como testigos en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, otros tres ex policías federales que investigaron a Alberto Jacinto Kanoore Edul, vinculado con el entonces presidente Carlos Menem y clave en la llamada “pista siria”: José Luis Callojas, Eduardo Aguilera y Marcelo Martín.

El primero era principal y desde 1997 se dedicó a determinar la relación entre el imputado y Nassib Haddad, el propietario de Santa Rita, la empresa de volquetes que ese 18 de julio de 1994 dejó un contenedor en la puerta de la AMIA y otro, curiosamente, frente a un baldío cercano al negocio del acusado.

El testigo informó que en ese lugar se estacionaban vehículos y que Kanoore Edul lo utilizaba con ese fin.

Haddad también tenía una compañía minera, en la cual usaba nitrato de amonio, el principal elemento de la bomba que destruyó la sede comunitaria, y registró una compra muy grande que no pudo justificar, pese a lo cual nunca fue procesado.

Además, Callojas contó que creían que Kanoore Edul empleaba identidades falsas para cometer delitos, ya que solo de ese modo se justificaría su patrimonio, y que sus vecinos observaron movimientos sospechosos para la época del atentado.

En tanto, Aguilera dirigió el allanamiento realizado por el Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) en 2000 en la casa del imputado, donde se secuestraron recortes de diarios y
revistas relacionados con la causa.

Uno previo se había efectuado en 1994, en el cual nada fue incautado.

Cabe recordar que la “pìsta siria” fue virtualmente abandonada enseguida y retomada por el destituido juez Juan José Galeano recién cuando Menem ya no estaba en el poder y en medio de serios
cuestionamientos a su accionar.

Aguilera también colaboró en una diligencia judicial efectuada en el domicilio del ex subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Víctor Chaban, primo de Kanoore Edul.

Finalmente, Martín era inspector en la DUIA cuando investigó a Kanoore Edul, de quien aseveró que cometía fraudes o estafas con documentos de identidad a nombre de otras personas y que tuvo una conversación
telefónica con Chabán que no pudo vincularse con el atentado.

En 2001 le remitió a Galeano un informe con fotocopias de avisos clasificados del diario Clarín del 10 de julio de 1994, el día que Telleldín alega haber vendido la camioneta y que se registró un llamado al mismo desde el teléfono celular 449-4706, instalado en un auto de Kanoore Edul.

Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento y espera ser juzgado por violación de secretos de Estado, y el ex espía Antonio Stiuso, cuya negativa a declarar ante la Unidad Fiscal genera gran incertidumbre en querellas y defensas.

El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar dos años, reúne dos causas: la mencionada interrupción de la investigación contra Kanoore Edul, el pago ilegal de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado a Telleldín para que acusara -se presume que falsamente- a los policías bonaerenses y otros delitos que habrían cometido Galeano y los ex fiscales Mullen y José Barbaccia.

Por ambos hechos están imputados el magistrado destituido y el secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, espía Patricio Finnen y presidente de la DAIA Rubén Beraja, y al propio Telleldín, su entonces concubina, Ana María Boragni, y Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.

Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar, Palacios y Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.

Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.

Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Alberto Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.

La causa había recaído originalmente en el TOF 3, que realizó el juicio anterior, así que volvió a sortearse y le tocó al TOF 2, cuyos miembros sufrieron numerosas recusaciones o excusaciones que demoraron
por años el inicio del debate.

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