AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- La audiencia de ayer, jueves, del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA se caracterizó por un par de imprecisos testimonios sobre los allanamientos a propiedades de Alberto Jacinto Kanoore Edul, vinculado con el entonces presidente Carlos Menem y clave en la llamada “pista siria”, y masivos rechazos del Tribunal Oral Federal Nº 2.
En primer lugar, el entonces oficial ayudante de la Policía Federal Claudio Camarero, quien prestaba servicios en el Departamento Protección del Orden Constitucional (POC), contó que esa “línea se inició por un llamado telefónico no sé a quién, que tenía que ver con la venta de la Trafic”, en referencia de Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba.
El 31 de julio de 1994, el destituido juez Juan José Galeano ordenó allanar tres domicilios en la calle Constitución para arrestar a Kanoore Edul y otras personas sospechosas y secuestrar documentación, agendas, explosivos u otros elementos que pudiesen ser de interés para la investigación.
En esos procedimientos, realizados al día siguiente, “intervinieron dos o tres brigadas, cada una de las cuales suele tener tres personas, pero no recuerdo sus nombres”, expresó el testigo, al dar inicio a una serie de indefiniciones que se prolongó por casi dos horas y media.
“Todos estábamos en el Departamento Central y los autos, en la planta baja, así que debimos haber salido juntos; nos movíamos de civil y en móviles no identificables”, informó.
“Se allanaron dos lugares -un local de blanquería, en la esquina, y otro a media cuadra-”, a cargo de lo cual estaba “un principal de Delitos Federales, (Carlos) Salomone”, prosiguió Camarero.
“Cuando estaba terminando el primer procedimiento -en un local chico, de dos plantas, donde había gente que nos franqueó el acceso-, me fui con un suboficial al otro, en una vivienda (la de Kanoore Edul), que ya se estaba haciendo y no fue muy largo”, agregó, si bien luego relativizó sus dichos: “cuando llegué ya había gente, pero quizá todavía no había comenzado”.
“La orden no pedía que fueran simultáneos”, respondió increíblemente el testigo, que enseguida admitió que “la buena práctica policial” indica que así sea “para que no puedan avisarle a otros”.
“Creo que se detuvo a Kanoore Edul y que no actuó personal de la comisaría de la zona; no recuerdo haber visto algún patrullero”, añadió.
“Todos los allanamientos de la ‘causa AMIA’ eran muy importantes, pero no se tomaban demasiadas prevenciones de seguridad si eran en plena Ciudad de Buenos Aires porque se contaba con el ‘factor sorpresa’”, reconoció Camarero.
Éste no recordó a qué hora o momento del día llegaron al lugar y fueron los allanamientos, ni si fueron inmediatos, ni si se usaron los mismos testigos, ni qué elementos se secuestraron y dónde, ni si estuvieron presentes sus respectivos jefes, los ex comisarios Carlos Castañeda y Jorge Palacios -con quien nunca habló-, o el padre del detenido, Alberto Kanoore Edul, ni si auxiliares de la Policía Federal hicieron inteligencia previa
“Hice el acta del primer allanamiento y colaboré en la confección de la del segundo porque sabía de memoria la forma del encabezado”, especificó.
“A veces no se deja constancia de todo el personal que participó, pero debería señalarse a quienes revisaron cosas, aunque en general se pone al responsable, quien lo secunda y los (civiles) presentes en el lugar”, admitió el testigo.
Explicó que la diferencia horaria entre las actas (17.20 y 19.30), pese a la supuesta simultaneidad de los procedimientos, pudo deberse a que consignó cuándo empezó a hacer cada una, ya que debe ponerse el momento del inicio de su confección y no el del operativo, lo cual generó murmullos de desaprobación en la Sala AMIA.
“Creo que fueron tres órdenes de allanamiento: dos se hicieron y la otra habría sido fallida, por dirección inexistente o porque allí nada había”, conjeturó antes de reconocer su firma en una nota que aseguraba que “no fue necesaria su utilización” en Constitución 2633: “quizá por orden del juzgado”, agregó Camarero.
“Salomone tendría que haber tenido un celular, pero no me consta que haya llamado telefónicamente a los domicilios a allanar” para advertir al respecto, aclaró en relación a una irregularidad que se le achaca a Palacios y que éste atribuyó a su subordinado.
Respecto del procedimiento administrativo, el testigo explicó que “las órdenes judiciales iban al POC, y en la parte de atrás el jefe asignaba los operativos en el momento, si bien a veces se hacía después por la premura en realizar el procedimiento”.
Y aclaró que era secretario del instructor, Castañeda -y luego de su sucesor, Rodolfo Peralta-, y por eso firmaron todas las actuaciones “para que llegaran al juzgado lo más rápido que se pudiera”, pero ello no significa que las hayan presenciado.
Por otra parte, “hice diligencias en los alrededores de la casa de Telleldín, en República 107 (Villa Ballester), con la oficial Silvia Ramírez, preguntándoles a los vecinos por una camioneta Trafic, pero no recuerdo qué dijeron”, narró Camarero, quien también participó en algún momento de su detención, quizás algún traslado.
Pero no pudo decir por qué ingresó a su casa, ni cuánto tiempo estuvo, ni si hubo algún llamado telefónico -en referencia al efectuado por el prófugo desde la Triple Frontera-, ni si fue gente de la Brigada de Vicente López, ni quiénes estuvieron allí, pero sí que “hubo mucho movimiento de personas”.
Tras el atentado, “los primeros quince días se trabajó a destajo y tres o cuatro de ellos no volví a casa porque éramos pocos efectivos -tres oficiales y una decena de suboficiales-, pero después llegó personal de pase y recibimos ayuda de otras dependencias porque toda la Policía Federal se puso a disposición”, destacó el testigo.
José Ubeira, por la querella de los ex policías bonaerenses sobreseídos por el atentado, aseguró al tribunal que advertía “cierta renuencia” del testigo a contar detalles sobre la detención de Telleldín, “el máximo acusado” por ese ataque terrorista, y pidió que lo intimase a “que no se ampare en el paso del tiempo”, a lo cual adhirió Rodrigo Borda, de Memoria Activa, quien subrayó la “renuencia” al escudarse en un “no me acuerdo” que no le resultaba creíble, máxime “si iban a buscar explosivos” en los allanamientos de Constitución.
Si bien Diego Álvarez, defensor de Galeano, se quejó de que no retiraran al declarante antes de acusarlo porque ello podía entenderse como una suerte de coacción, dos de sus colegas apoyaron a los acusadores, quizá por primera vez en este debate: Santiago Marino Aguirre, abogado de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quien aseguró que su testimonio “es importante” y adelantó que tenía preguntas que quizá lo ayudarían a recordar, y Elena Carubín, en nombre de Castañeda, porque “los veinte años pasaron para todos” y desde entonces todos quieren “saber qué pasó”.
Salomónicos, los jueces exhortaron a Camarero a que hiciera memoria y a las partes a que fueran “puntuales porque está todo documentado”.
Un testigo que aportó poco y nada
“Conozco a la familia Kanoore Edul porque de chico viví en la calle Constitución”, contó Daniel Francica, uno de los testigos de esos allanamientos, que aportó poco y nada.
En 1994 “hacía fletes para un negocio que estaba en la esquina de Catamarca” y ese 1° de agosto “llegué a las 7 u 8 y no vi movimientos inusuales; fui a hacer un viaje y volví entre las 15 y las 17”, relató.
“Estaba con otras personas mirando el procedimiento policial de enfrente cuando me citaron como testigo, con (Abdala) Nasra, porque éramos los que estábamos más cerca”, prosiguió el declarante.
“Ya había policías adentro, pero no recuerdo cuántos; estuve en una oficina y me mostraban cómo revisaban los cajones de un escritorio, luego me llevaron al piso de arriba”, agregó.
“Estaba Kanoore Edul, pero no hablé con él, ni recuerdo si secuestraron algo o lo detuvieron; de esto me enteré después, no sé cuándo”, afirmóFrancica.
“Después nos trasladaron con el otro testigo a su domicilio particular, que era a media cuadra”, continuó.
“No recuerdo si ya había policías, ni si actuaron los mismos, pero fue más corto: estuvimos en un dormitorio y la cocina; tampoco si hubo algún llamado telefónico (para interrumpir el procedimiento), si alguien habló de una orden de Galeano (en ese mismo sentido) ni si estaban los Kanoore Edul, pero al padre quizá lo vi en la calle”, señaló el declarante.
“No recuerdo que los policías tuvieran un trato especial con ellos, ni que hablaran de un tercer allanamiento”, aclaró.
“Supongo que todo demoró una o dos horas, pero para mí fue una eternidad; terminó a la noche”, aseguró Francica.
“En Constitución al 2600 había casas y ningún baldío”, añadió a modo de refutación de lo expresado por Camarero como una de las hipótesis de por qué no se hizo el tercer allanamiento.
Menem y un masivo rechazo del tribunal
Al término de las testimoniales, Ubeira pidió que dado que Menem fue relevado de todo secreto de Estado y en su momento dijo que en ese caso tenía mucho para aportar, sea invitado nuevamente a prestar indagatoria o se niegue a hacerlo, tal como ocurrió en la causa por la muerte de su hijo, pero su abogada, la rusa Kustichenko, anticipó que el imputado tiene problemas psicológicos, sumados a otras afecciones, y por ello no podrá asistir.
A continuación, Karina Perilli, en ejercicio de la presidencia rotativa, leyó dos resoluciones, la segunda de las cuales era el unánime rechazo, si bien con diversos fundamentos, de los pedidos de nulidad de la decisión mayoritaria de aceptar el desistimiento de testigos propios, pese a la oposición de las otras partes, de volver a citar a Hugo Pérez, ex cómplice y amigo de Telleldín y de adherir a todos los otros ofrecidos.
La otra decisión generó una disconformidad generalizada, ya que rechazó todas las solicitudes planteadas hasta el momento, como la incorporación a la causa de videos de los actos de 1996 y 1997 y la posterior visita de los máximos referentes comunitarios a la Casa Rosada, y el escrito presentado por el ex espía Antonio Stiuso ante la Unidad Fiscal; la declaración como testigo de Laura Alche, la viuda de José “Kuki” Ginsberg, quien presenció numerosas audiencias, lo cual está prohibido; o la identificación de los jefes de Diana Malamud en el CONICET en 1996.
Finalmente se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando declararán Salomone -citado para hoy, pero recién notificado horas antes-, Ángel Ramírez y Jorge González.