Itongadol/AJN.- El juicio oral y público encubrimiento del atentado a la AMIA se lleva a cabo solo los jueves, pero hoy no hay audiencia porque el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado para la ocasión por Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, con Domingo Altieri como suplente, se tomó dos semanas para evaluar las cuestiones preliminares planteadas por las partes en la segunda y tercera sesión.
En tal sentido, el fiscal Roberto Salum insistió con la declaración de testigos de identidad reservada y el eventual pedido a la Agencia Federal de Inteligencia para que releve del secreto a los agentes que pudieran estar involucrados, a lo cual adhirieron las querellas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de los ex policías bonaerenses oportunamente acusados.
En tanto, el subsecretario de Política Criminal y coordinador de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Luciano Hazan, reclamó que el tribunal se expida sobre algunos testigos propuestos por esa parte.
Por el lado de las defensas, el abogado del ex comisario de la Policía Federal Jorge Palacios, Diego Richards, solicitó la identificación y declaración de todos los policías que hace 21 años retiraron de la SIDE casetes con escuchas telefónicas de tres líneas vinculadas con Alberto Jacinto Kanoore Edul, principal imputado por la “pista siria”, y los llevaron al Departamento de Protección del Orden Constitucional de esa fuerza.
Por su parte, los abogados de Ana María Boragni, ex mujer del último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, Carlos Telleldín, y el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar, del ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda y del ex espía Patricio Finnen se quejaron de la calidad de los resúmenes leídos por los apoderados de 18J, APEMIA y el Ministerio de Justicia, respectivamente, porque estarían incompletos, e incluso el letrado de los dos primeros amenazó con pedir su nulidad.
El jueves pasado, los letrados del ex juez Juan José Galeano, Daniel Rubinovich y Darío Vezzaro, reiteraron que el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que acusara a policías bonaerenses ya fue juzgado en 1997, denunciaron que la transcripción de los videos que muestran esa negociación fue selectiva y manipulada tanto como se lo achacan a su defendido, reclamaron la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio y aseguraron que un eventual encubrimiento estaría prescripto.
Santiago Marino Aguirre, defensor oficial de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, pidió la nulidad parcial de los requerimientos de los ex policías, 18J, el Ministerio de Justicia y Memoria Activa en los casos en que no hayan sido damnificados directos.
Omar Daer, en nombre del ex presidente Carlos Menem, requirió la nulidad de las síntesis de los requerimientos de elevación a juicio y la lectura completa del de la Fiscalía como condición para que Menem declare, al igual que el levantamiento del secreto de Estado por parte del Congreso, ya que es senador, porque sus dichos “podrían afectar las relaciones y la convivencia pacífica con otros países”, en virtud de que oportunamente pidió la colaboración de servicios de inteligencia extranjeros, como el MI6, la CIA, el Mossad y el de Brasil.
A su turno, las defensas de Telleldín y del ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy adhirieron a la presunta ilegitimidad de los acusadores particulares.
En cambio, las del ex presidente de la DAIA Rubén Beraja y el abogado Víctor Stinfale no efectuaron planteos preliminares, al igual que el resto de los querellantes.
Después de un cuarto intermedio de casi tres horas, los acusadores coincidieron en que los planteos defensistas habían excedido el concepto de “cuestiones preliminares”, reiterado quejas ya desestimadas incluso varias veces y criticado sin fundamentar, de modo que rechazaron unánimemente todas sus pretensiones y hasta algunos reclamaron que el tribunal les imponga el pago de las costas por su continuo “abuso de las herramientas procesales”.
También concordaron en que, a diferencia de lo manifestado por su defensa, Menem no está obligado a guardar secretos de Estado por el mero hecho de haber sido Presidente, y aun si así fuera, tendría permitido develarlos si hicieran a su defensa.
Culminadas las exposiciones, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el 3 de septiembre para responder a todos los planteos y dar inicio a las indagatorias de los imputados, ya sea que declaren en el estrado o se lean sus declaraciones en la instrucción.