Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde los tribunales federales).- Poco después de las 10.15 hs. de hoy, jueves, con 45 minutos de demora, comenzó el esperado y muy demorado juicio oral y público por presunto encubrimiento de los autores o cómplices del atentado a la AMIA, perpetrado hace ya 21 años, el 18 de julio de 1994, con la ausencia del ex presidente Carlos Menem, el ex secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, internado y comunicado por videoconferencia y el retraso de Ana María Boragni, ex mujer del último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, Carlos Telleldín.
En cambio, están presentes los entonces juez Juan José Galeano, fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, subsecretario de Inteligencia, Juan Carlos Anchézar, comisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda, espía Patricio Finnen, titular de la DAIA, Rubén Beraja, además del propio Telleldín y su ex abogado Víctor Stinfale.
El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, Jorge Gorini, también informó que concurre como observador el relator especial para la Argentina de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Pablo Vanucci.
Ayer, miércoles, al mediodía, la defensa de Anzorreguy presentó un oficio para informar de su internación a consecuencia de una intervención quirúrgica y se dispuso la conexión por videoconferencia con el sanatorio, donde el imputado está acompañado por sus letrados y un secretario del tribunal.
En cambio, la medida le fue denegada a Menem, según explicó su abogado, quien presentó un certificado que constata un agravamiento de su salud, producto de su hipertensión, diabetes, esclerosis, artrosis y depresión.
El tribunal, también integrado por integrado para la ocasión por Karina Perilli y Néstor Costabel, con Domingo Alteri como suplente, decidió continuar con el debate y les ordenó a las defensas de Menem y Boragni que tengan al tanto a los acusados, además de reclamarles puntualidad a los imputados y defensores.
Acto seguido, el abogado de Galeano reclamó la “lectura integral” de los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales y las querellas y no la versión abreviada dispuesta por el tribunal, y amenazó con pedir la nulidad del debate en caso contrario.
Tras la oposición de Memoria Activa y el Ministerio de Justicia, el tribunal determinó seguir con lo previsto y los fiscales Roberto Salem y Sabrina Namer comenzaron a leer su síntesis.
Después de años de dilaciones y numerosas recusaciones y excusaciones de magistrados, el juicio reúne dos causas principales: el pago ilegal de 400.000 dólares de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a Telleldín, con el aval del juez, para que acusara falsamente a un grupo de policías bonaerenses, y por otro lado, la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado con el Presidente de entonces y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habría cometido el magistrado y los fiscales.
Por el primer hecho están imputados Galeano, Mullen, Barbaccia (estos tres, también por delitos conexos), Anzorreguy, Anchézar, Finnen, Beraja, Telleldín, Boragni y Stinfale, y por el otro, otra vez Galeano, Anzorreguy y Anchezar, junto con Menem, Palacios y Castañeda.
Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Enfrente están algunos de los fiscales que reemplazaron al fallecido Alberto Nisman, y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J, y Apemia-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.
Entre los 140 testigos citados se encuentran familiares de víctimas del atentado, los ex policías, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación de Galeano, el espía prófugo Antonio Stiuso y el ex secretario de Galeano Claudio Liftschitz, quien reveló el encubrimiento, pero no el papa Francisco, Jorge Bergoglio, propuesto como testigo “de concepto” (para hablar bien de ellos como personas) por Mullen y Barbaccia.
Galeano está acusado de prevaricato (fallar contra las leyes), peculado (desviar ilegalmente fondos públicos), privación ilegal de la libertad, coacción a testigos y falsedad ideológica de sus declaraciones, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de prueba.
Los fiscales responderán por peculado, coacción a la testigo Miriam Salinas y privación ilegal de la libertad de los policías.
A Menem se le adjudica la instigación del encubrimiento y abuso de autoridad por impedir que se profundizara la “pista siria”.
La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal Nº 3, el mismo que había actuado en el juicio de 2001, en el que todos los acusados resultaron absueltos y que la Corte Suprema anuló parcialmente, así que volvió a sortearse.