Hace ocho días, el fiscal federal de la causa AMIA, Alberto Nisman, presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral un enjundioso escrito en el que solicitó la declaración de inconstitucionalidad del cuestionado Memorando de Entendimiento suscripto por nuestro país con la República Islámica de Irán. Desde estas columnas, hemos sostenido reiteradamente que ese Memorando contraviene abiertamente el artículo 109 de la Constitución Nacional porque mediante aquel instrumento el Poder Ejecutivo se arroga el conocimiento de una causa pendiente.
Para Nisman, el tema es aún más grave. No sólo hay una indebida intromisión del Poder Ejecutivo en la esfera exclusiva de la función judicial, sino que, además, se avasallan y atropellan gravemente algunos derechos y garantías expresamente reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Según el fiscal, esto último podría generar responsabilidad internacional para nuestro país, que podría ser sancionado por los organismos responsables del tema de los derechos humanos.
En su bien argumentada y muy pormenorizada presentación, Nisman agrega que el acuerdo con Irán vulnera nuestro sistema republicano de gobierno, la división de poderes, la irrenunciable garantía de la independencia judicial, así como la garantía del debido proceso legal, el principio del juez natural, el derecho de defensa en juicio, la igualdad ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho de acceso a la justicia que tienen las víctimas del atentado. Esto, porque cualquier tratado o acuerdo con terceros países debe necesariamente conformarse con los principios de derecho público de nuestra Constitución.
Por esas razones, el fiscal concluye que la Comisión de la Verdad que se pretende estructurar de común acuerdo con Irán es inconstitucional, tanto por su naturaleza política como por invadir el terreno que corresponde al juez natural, ejerciendo funciones jurisdiccionales que incluyen hasta la evaluación de las pruebas, sin ningún tipo de control ni revisión posible. Para Nisman, el contenido del Memorando viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y hasta la misma Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
La AMIA y la DAIA, los dos organismos más representativos de nuestra comunidad judía, han pedido al juez Canicoba Corral, que declare inconstitucional el Memorando por entender que no sólo interfiere indebidamente con el trabajo de la Justicia, sino que supone una inaceptable renuncia a nuestra soberanía. El juez ha decidido que la presentación de Nisman no integra la causa AMIA, sino que se trata de una cuestión que debe tenerse en forma independiente de ésta, lo que parece discutible. Por esta razón, el magistrado corrió traslado al fiscal Miguel Ángel Osorio, quien no oculta sus simpatías con el kirchnerismo.
Pese a la calidad de la impugnación, el magistrado que interviene en la causa podría declarar abstracta la presentación al basarse en que el mecanismo acordado con Irán aún no ha sido puesto en marcha. Por esta argucia legal, Canicoba Corral, que ya ha perdido mucho tiempo, podría lograr que se postergue para más adelante el análisis de la constitucionalidad del Memorando. Las sospechas de parcialidad sobre este magistrado se vinculan con lamentables fallos, como el sobreseimiento del matrimonio Kirchner frente a acusaciones de enriquecimiento ilícito, y con la circunstancia de que su hijo se encuentra ternado para ocupar el cargo de juez federal en San Martín.
Es de destacar la calidad y la oportunidad de la presentación del fiscal Nisman, que, sin embargo, ha encontrado voces críticas y por momentos insultantes en algunas de las partes de la causa, como Memoria Activa y una entidad de familiares de las víctimas.
Como hemos dicho en esta columna, sin una explicación acabada ni una franca discusión con las partes del proceso y los dirigentes de la oposición, el gobierno nacional se embarcó en un acuerdo con Irán que los argumentos oficiales no alcanzan a explicar. Si el Gobierno duda de lo actuado en la causa AMIA por la justicia argentina, debería decirlo y fundarlo sin recurrir a comisiones de la verdad integradas por extranjeros.
Hacemos votos para que los argumentos de la inconstitucionalidad del Memorando sean debidamente merituados, sin interferencias de ninguna naturaleza. La memoria de las 85 víctimas argentinas que perecieron en el atroz atentado y la justicia que sus deudos y nuestro país reclaman exigen que no se juegue más políticamente con esta trascendente causa.
Editorial del diario La Nación.