«Para nosotros, la separación de los fiscales por parte del tribunal fue realizada de manera arbitraria y fuera de tiempo, sólo basada en presunciones, sin ninguna prueba directa y sin ningún testimonio que la justifique», dijo ayer Sergio Burstein, de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado.
Los familiares aprovecharon el acto por los 117 meses transcurridos desde el atentado para anunciar oficialmente su decisión. El anuncio implicará que los familiares que seguían diariamente el juicio no estarán más en la sala de audiencias, aunque no abandonarán su rol de querellantes.
Esta agrupación de los familiares de las víctimas comparte la denominada querella unificada con la AMIA y la DAIA. Las comisiones directivas de estas entidades se reunirán hoy, a las 9.30, en el remodelado edificio de la calle Pasteur —donde el 18 de julio de 1994 fueron asesinadas 85 personas— para definir su postura en torno al juicio.
Todo indica que las entidades anunciarían su decisión de no escuchar los alegatos que restan de los acusados, pero sí volver al juicio para el momento de las réplicas de los alegatos. En esa instancia refutarán los argumentos de los principales acusados, encabezados por el reducidor de autos Carlos Telleldín y el ex comisario bonaerense Juan José Ribelli.
Si bien el presidente de la AMIA, Abraham Kaul, le dijo a Clarín que harán «consultas» con la agrupación que reúne a los familiares, éstos ya tomaron una decisión que parece irreversible.
Ayer Burstein fue duro con la dirigencia comunitaria: «Son bastante grandecitos para hacerse responsables de sus actos y no apañarse en nosotros para justificar su decisión», dijo.
El abogado de esta agrupación, Julio Federik, seguirá en el juicio junto con sus colegas de AMIA y DAIA, Juan José Avila y Marta Nercellas. La otra querella, que representa a la agrupación minoritaria Memoria Activa, tiene como abogado a Pablo Jacoby. Este grupo, si bien tampoco había adherido a la recusación de los fiscales, seguirá en el juicio.
Los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Gerardo Larrambebere apartaron a Mullen y Barbaccia a pedido de la defensa de Telleldín, porque habrían perdido «objetividad» a raíz de las acusaciones que recibieron de parte de las defensas en sus alegatos. Como fiscales quedan Alberto Nisman y Miguel Romero.