Agencia AJN.- La mañana del jueves amaneció con muchas novedades en la causa que investiga la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó antes de morir. A las detenciones del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y del dirigente social Luis D\’Elía, pronto se le sumaron el pedido de desafuero de la ex presidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, y la prisión domiciliaria del ex canciller Héctor Timerman.
Todos son investigados por el encubrimiento a los iraníes imputados como autores ideológicos del atentado a la AMIA, a través del declarado inconstitucional Memorándum de Entendimiento con Irán.
Los acusados argumentan que el Memorándum contó con el apoyo del Congreso de la Nación y que su único objetivo era poder tomar declaración indagatoria a los imputados en la causa AMIA. Pero para el entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigación de ese ataque terrorista, se trató de un pacto comercial “para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de ‘petróleo por granos’”.
En su momento, el juez Daniel Rafecas decidió archivar la presentación del fallecido fiscal porque el intercambio comercial denunciado finalmente nunca se había llevado a cabo. Pero en diciembre del año pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la denuncia y apartó a Rafecas del expediente. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo, pero el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, resolvió una disputa de competencia y se la dejó al juez federal Claudio Bonadio.
Fue él quien dictó hoy el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta y solicitó su desafuero al Senado de la Nación.
Además, ordenó la detención del militante islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil y del ex líder de Quebracho Fernando Esteche.
Los acusados afirman que las decisiones de Bonadio son parte de una persecución política. Incluso, Cristina Fernández de Kirchner recordó que Bonadio “fue denunciado por el Consejo de la Magistratura por no querer investigar a Carlos Menem, Carlos Corach, Jorge ‘Fino’ Palacios y Juan José Galeano por el encubrimiento del atentado a la AMIA” y destacó que “en 2010, fue denunciado por el propio Nisman por integrar una asociación ilícita junto a Palacios y Corach”.
En octubre de este año, tras presentar un escrito y realizar una exposición ante Bonadio en Comodoro Py, Fernández de Kirchner calificó de “disparate jurídico” a la causa en la que es acusada de encubrimiento.
“Lo que se está persiguiendo, el objetivo, es atemorizar a los dirigentes de la oposición. Quieren callar a la oposición del Parlamento. Quieren un Parlamento sumiso. Y conmigo no lo van a lograr”, resaltó la senadora, y denunció que “el Gobierno está atrás de esto”.
Sin embargo, más allá de los cuestionamientos al juez, la investigación de la denuncia de Nisman tiene un importante respaldo de las instituciones centrales de la comunidad judía, que fueron las impulsoras del pedido de inconstitucionalidad del Memorándum con Irán.